El magistrado informó que la audiencia fijó audiencia preliminar 03,04 Y 05 de junio a las 10:00 ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno o en una Sala de Juicio Oral disponible. La investigación está a cargo del fiscal Silvio Corbeta, quien imputó a Samaniego por presunto “enriquecimiento ilícito y otros”.
Según la imputación, el exintendente de Quyquyhó y actual legislador cartista, junto con su esposa Patricia Corvalán, habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 338.595.000 entre los años 2011 y 2017, mediante supuestos retiros irregulares de fondos de la Municipalidad de Quyquyhó.
Sobre el mismo hecho de presunta administración en provecho propio en calidad de cómplices, también fueron imputados Damián de Jesús Galarza y el suboficial de Policía Cristhian Daniel Domínguez Aponte, excustodio y jefe de seguridad del diputado.
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Más personas investigadas
Dentro de la causa igualmente aparecen imputados Andrés Alfredo Arrúa Brítez, representante legal de “BH Service SRL”; Carlos Aurelio Bareiro Bogarín; Manuel Olazar Duarte; Líder Catalino Ramírez Ramírez y Cristhian Daniel Domínguez Aponte.
Asimismo, figuran como coautores Oscar Samuel Fanego Otazú; Guido Ramón Vargas Gaete, concejal municipal de Quyquyhó; Pedro Osvaldo Etienne Villanueva, funcionario del Ministerio de Hacienda; Ruth Mercedes Medina Yegros, exintendenta interina de Quyquyhó y funcionaria del TSJE; Benigno Villasboa Cáceres, secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación de Paraguarí; y Enrique Javier Lovera Lezcano, jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de la comuna.
Pedido de desafuero
El fiscal Corbeta había solicitado en marzo de 2024 que el juzgado comunique a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero del diputado imputado Samaniego, además de requerir medidas cautelares para todos los imputados.
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Entre las medidas solicitadas figuran la fianza personal o caución real, la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, además del bloqueo de cuentas corrientes vinculadas a personas físicas y empresas investigadas, entre ellas “BH Services SRL”, “Soluciones Empresariales”, “Legión de Servicios”, “JA Construcciones SA” y “JOB Construcciones”.
La supuesta “tragada” millonaria
De acuerdo con los datos expuestos en la imputación, el diputado Samaniego cuando se desempeñó como intendente de la Municipalidad de Quyquyhó entre 2011 y 2017, habría efectivizado cinco cheques por un total de G. 67.595.000, provenientes de fondos de Royalties y Juegos de Azar.
Por su parte, Patricia Corvalán habría retirado G. 117.500.000 que debían destinarse a proyectos de infraestructura, educación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de instituciones educativas. Los retiros se realizaron entre 2014 y 2016.
La Fiscalía sostiene además que Blanca María Álvarez Vda. de Samaniego y el suboficial Cristian Daniel Domínguez también habrían efectivizado cheques de la cuenta corriente municipal para supuestos pagos a empresas allegadas, comisiones vecinales y entidades privadas vinculadas al entonces intendente.
Según la investigación, Damián Galarza retiró G. 40.000.000; Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, G. 20.000.000; Cristian Domínguez, G. 93.500.000; Patricia Corvalán, G. 117.500.000; y Esteban Samaniego, G. 67.595.000. La suma total del presunto perjuicio asciende a G. 338.595.000.