Festín de contratos del clan Zacarías Irún desmiente el libreto del senador

Willians Ferreira (parado) junto al director de Itaipú, Justo Zacarías; la diputada cartista Rocío Abed y el gobernador César “Landy” Torres, entre otros.Gentileza

Una serie de millonarias adjudicaciones por servicios externos en Itaipú sepulta el relato del senador Javier Zacarías Irún. Entre 2024 y 2025, la binacional, cuyo director paraguayo es su hermano Justo Zacarías, repartió millonarios fondos a los operadores políticos de la familia. El esquema confirma que el audio filtrado, donde el legislador cartista prometía cargos “en un segundo”, no era una simple “gestión”, sino la confesión de un sistema de repartija impune.

Remuneraciones anuales de entre G. 204 millones y G. 300 millones blindan económicamente a los leales al clan Zacarías Irún dentro de Itaipú. Estos contratos por servicios externos dejan en evidencia cómo esa familia convirtió a la binacional en su botín.

Una de las Autorizaciones de Servicio (AS) más reveladoras lleva la firma de Willians Tomás Ferreira Centurión, un conocido operador del clan. Ferreira Centurión refrendó el pasado 11 de marzo un contrato para servicios externos por G. 240 millones al año (G. 20 millones mensuales). Su cargo es: “asesoramiento integral, control, acompañamiento administrativo y apoyo logístico a la Dirección de Coordinación Ejecutiva”.

En la misma línea aparece Carlos Derlis Riveros Cazal, beneficiado con una AS firmada en octubre de 2024 por G. 300 millones anuales (G. 25 millones al mes). Supuestamente, Riveros Cazal tiene a su cargo la “asistencia técnica jurídica para la planificación y coordinación de actividades pertinentes al sistema de integridad y compliance, riesgos corporativos y controles internos”.

La AS de la binacional firmada con la concejala Denis Mariela Guanes.

Concejala y “asesora”

La ola de contratos externos firmada por Justo Zacarías también benefició a Denis Mariela Guanes Giménez. Se trata de una concejala colorada cartista de San José de los Arroyos (Caaguazú).

La edil firmó el 31 de enero de este año una AS por un monto anual de G. 204 millones (G. 17 millones mensuales) para ofrecer “servicios profesionales a la asesoría de Compliance sobre acciones y medidas administrativas necesarias en el marco de la mejora continua”.

El audio delator

La trama de estas Autorizaciones de Servicio (AS) cobra sentido tras la filtración del audio que dejó al descubierto un presunto tráfico de influencias del senador Javier Zacarías Irún. En esa grabación, el legislador le garantizaba a Osvaldo Sánchez Jara (precandidato a concejal y presidente de una seccional de Ciudad del Este) un contrato para su hermano.

“Ya está eso”, “En un segundo te resuelvo”, alardeaba el legislador en el audio, desnudando cómo se manejan los hilos de la binacional desde el Congreso. Acorralado por la contundencia de la filtración, el senador intentó desmarcarse alegando que aquel contrato específico “no se concretó”; sin embargo, este masivo festín a favor de sus principales operadores sepulta cualquier intento de defensa y confirma el modus operandi del clan.

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