Pese a que el que inició los incidentes la semana pasada en la sesión de Diputados fue el diputado cartista Yamil Esgaib, la mayoría oficialista en la Cámara Baja apuntó sus amenazas contra los opositores Raúl Benítez (Independiente) y Johanna Ortega (Partido País Solidario). Supuestamente plantearon una reunión con los tres en la mesa directiva, pero Benítez advirtió que el objetivo final sería acallarlos.
“¿Cuál es la idea para llegar a la paz? ¿No hablar de (el presidente de la República, Santiago) Peña? ¿Hablar bien de lo que hizo la Corte (con el caso Kattya González)? ¿Ser un salamero más de este gobierno nefasto?“, cuestionó Benitez.
La idea de convocar a los tres ante la mesa directiva la comunicó el pasado miércoles el líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, quién ya dejó entrever que la idea es cargar más la tinta contra los opositores, ya que aprovechó para intentar justificar las amenazas de Esgaib que originaron todo el conflicto.
El génesis de esta idea de “tirón de oreja“ se remonta a la sesión del pasado martes 9, donde Yamil Esgaib a los gritos interrumpió en el uso de palabra al diputado Raúl Benítez, quien estaba criticando al cartismo.
Esgaib no solo interrumpió, sino también amenazó con suspender por dos meses a Benítez bajo el argumento de sentirse ofendido, planteando pisotear el hecho de que los fueros protegen a los legisladores sobre sus expresiones, precisamente para evitar la censura.
“A mí no me interesa llegar a ningún ‘acuerdo de paz’ donde todos sabemos que el precio será el silencio”; remarcó Benítez ante el planteamiento.
Del Puerto, si bien dijo que supuestamente no pretenderían llegar a la suspensión, afirmó que ya están cansados de las críticas de Benítez y de Ortega tanto contra el gobierno como contra la bancada de HC.
La amenaza como “garrote”
No es la primera vez que en Cámara de Diputados se usa la amenaza de suspensión como intento de acallar a un legislador.
Puntualmente en este periodo ya hicieron lo mismo con el diputado Miguel Martínez (PLRA), a quien casi llegaron a suspender por afirmar que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) era una organización delictiva y de recaudación del oficialismo.
Finalmente, no llegaron a consumar la amenaza, pero la mantienen como una espada de Damocles que podrían reactivar en cualquier momento.
En el periodo anterior (2018-2023), sí se consumó la suspensión de la entonces diputada Celeste Amarilla (PLRA) en 2020, tras afirmar que varios de los miembros de la Cámara eran financiados por el narcotráfico.
Lo contradictorio de ese caso es que dos años después, el entonces diputado oficialista Juan Carlos Ozorio (ANR) se vio forzado a renunciar al estar presuntamente implicado en el caso “A Ultranza Py” y también se empezaba a saber de la relación con este caso del ahora condenado exsenador cartista, Erico Galeano.