8 de junio de 2026

Tras el escandaloso blanqueo de la Contraloría a la súbita fortuna del presidente de la República, Santiago Peña; el diputado Raúl Benítez (Independiente) presentó esta mañana un pedido de informes sobre el origen de la mansión del mandatario en San Berrnadino y sobre su pasado “pobre” antes de asumir la presidencia.

El diputado Raúl Benítez indicó que el presidente Santiago Peña apuñaló el futuro de los jóvenes solo para otorgar beneficios a empresas amigas y con intención de enriquecer a su entorno. Cuestionó duramente el decreto que concede subsidios multimillonarios para empresas de hidrógeno y centro de datos que no generan empleo.

El diputado opositor Raúl Benítez impulsa una propuesta de pedido de informe al Ministerio de Tecnologías de la Información ante sospechas de que fondos públicos pudieron haber sido utilizados para difundir anuncios con desinformación y ataques a críticos del Gobierno y del oficialismo cartista.

En Cámara de Diputados plantean pedir informes ante sospechas de “uso de dinero público para campañas de odio”, según anunció el diputado Raúl Benítez (Independiente), ante la divulgación de conexiones entre el Gobierno de Santiago Peña con la empresa colombiana, Digimarketing SAS, que a la par de hacer propaganda oficial también estaría detrás de campañas de ataque a medios y periodistas mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). Afirman que mientras hablan de “economía de guerra” a la ciudadanía, gastarían en desarrollar una “guerra sucia” contra críticos.

El diputado cartista Yamil Esgaib evadió hábilmente a los periodistas acreditados en la Cámara de Diputados, evitando las consultas sobre su dudoso título de “administrador de empresas” de la Universidad Sudamericana, la misma que su correlí, senador cartista Hernán David Rivas. Esperó el arranque de la sesión y el desalojo de la sala para ocupar su banca.

El diputado Raúl Benítez cuestionó la legitimidad de los grados académicos del legislador cartista Yamil Esgaib y su hijo, el concejal Nasser Esgaib. Según la denuncia, ambos registraron sus títulos en un tiempo récord, que no cumple con la duración mínima exigida por la ley, vinculando el caso al polémico historial de la Universidad Sudamericana.