Mediante la Nota Nº 5243/26, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo director es Agustín Encina, exigió al Instituto de Previsión Social, presidido por Isaías Fretes, la remisión de todos los documentos del contrato con el Consorcio Hospiclean (integrado por las empresas Mimbi SA y Consermar).
El consorcio, representado por Mariela Carolina Molas y José Manuel González, se alzó con una adjudicación de G. 75.847 millones para el servicio tercerizado de limpieza. La intimación oficial se activó tras una grave denuncia ingresada al Sistema de Gestión con protección del denunciante.
Según el documento, la firma supuestamente paga sueldos muy por debajo del salario mínimo legal, pero declara montos superiores ante la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS. “El Consorcio Hospiclean, a sabiendas de que no abona el salario mínimo legal vigente a sus trabajadores (...) no presenta las documentaciones exigidas en las bases de la licitación para acreditar el cumplimiento del pago”, relata el denunciante.
Productos “mau”
El apartado más alarmante de la denuncia apunta a presuntos incumplimientos sanitarios. El pliego de bases y condiciones exige desinfectantes de alta concentración (como hipoclorito de sodio al 0,5% o 5.000 ppm) indispensables para la bioseguridad de un entorno médico. Sin embargo, la realidad en los pasillos sería otra.
“La empresa Mimbi utiliza productos de limpieza diluidos que coloca en envases reciclados una y otra vez con etiquetas adulteradas. En estas condiciones, los insumos pierden totalmente su eficacia. No tienen los registros obligatorios de la Dinavisa y no son ni similares a los ofertados”, alerta el escrito.
El documento advierte que alterar los componentes de desinfección en un hospital de la envergadura del IPS Central cruza la línea del simple incumplimiento contractual: “Raya la criminalidad”, sentencia la denuncia, recordando que estos productos diluidos se aplican en zonas de altísima sensibilidad, como quirófanos y unidades de terapia intensiva (UTI), tanto de adultos como de niños.
El denunciante concluye que el uso de estos insumos que incumplen las especificaciones técnicas compromete gravemente la vida de pacientes, familiares y del propio plantel médico, disparando el riesgo de infecciones intrahospitalarias.
Irónicamente, los costos millonarios para tratar estas infecciones derivadas de la mala limpieza deberán ser costeados nuevamente por los fondos de la previsional.
ABC intentó contactar con los representantes del consorcio, pero no fue posible.
Cobró con acuerdo
Bajo otro nombre, pero con los mismos representantes legales: Mariela Molas y José Manuel González aparecen en el esquema de cobros millonarios al IPS a través de acuerdos extrajudiciales concretados en la gestión de Jorge Brítez y gestionados por el exdirector jurídico José “José’i” González. Tanto Molas como González, en representación del Consorcio Central, consiguió el 3 de julio de 2025 la aprobación para el cobro de G. 10.726 millones por supuestos servicios prestados fuera de contrato.