La legisladora opositora Esperanza Martínez (PPC) sostuvo que la investigación apunta a desmontar una estructura que habría operado durante años con presuntas complicidades dentro de instituciones públicas.
En ese sentido, señaló que la comisión se encuentra en una etapa de recolección masiva de información para reconstruir el funcionamiento del sistema y advirtió que incluso existe el riesgo de que desaparezcan documentos y registros.
“Esto es la misma cosa, esto es un sistema de delincuentes organizados para estafar a los usuarios”, expresó al referirse al esquema de expedición de títulos presuntamente irregulares.
La senadora mencionó que el presidente de la comisión, Patrick Kemper (ANR, HC) ya remitió 18 notas a distintas instituciones, principalmente al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y al Ministerio de Educación, solicitando información sobre carreras habilitadas, fechas de apertura, promociones y otros antecedentes.
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Según indicó, el objetivo es construir una base de datos que permita cruzar información sobre títulos emitidos, registros del Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Salud.
“Quiero tener un estado del arte y después empezar a hacer los cruzamientos”, sostuvo.
Incluso adelantó que el volumen de información será tan grande que la comisión podría requerir apoyo técnico especializado, incluyendo expertos en inteligencia artificial para procesar los datos.
Buscan crear trazabilidad de estudiantes
Uno de los principales problemas detectados, según Martínez, es la ausencia de un sistema que permita seguir el recorrido académico de los estudiantes.
En ese sentido, anunció que impulsarán una ley de urgencia para que el Registro Único del Estudiante (RUE) tenga carácter retroactivo y permita cargar información de años anteriores.
“Hoy no hay absolutamente ninguna trazabilidad sobre los estudiantes”, cuestionó.
La legisladora explicó que contar con ese registro permitiría verificar en qué instituciones cursó cada alumno y detectar posibles inconsistencias en los títulos expedidos.
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Otro de los ejes de la investigación será la modificación de la estructura del CONES. Martínez sostuvo que el organismo ya no puede seguir funcionando bajo un esquema corporativo y planteó convertirlo en una institución con perfil eminentemente técnico.
“Ya no puede seguir esto como una organización corporativa. Tiene que ser una institución de carácter técnico, científico y académico”, afirmó.
“Las autoridades reaccionan solo cuando hay escándalo”
La senadora también cuestionó la actuación del Ministerio Público y de otras instituciones del Estado, al señalar que las investigaciones solo avanzan cuando los casos adquieren notoriedad pública.
“Solamente cuando hay escándalos, cuando la prensa publica tu nombre, ahí se movilizan las autoridades”, manifestó.
Agregó que, de no existir esa presión pública, “hay complicidad” dentro del sistema.
Sospechas sobre funcionarios del MEC
Consultada sobre la eventual participación de funcionarios del Ministerio de Educación, Martínez dijo que desconoce si las responsabilidades alcanzan a las máximas autoridades, pero sostuvo que ya fueron detectados funcionarios involucrados.
“Lo que espero es que no se saque a uno y vuelvan los viejos de antes que están en la misma maña. Tiene que venir gente nueva porque aquí no hay confianza en nadie”, afirmó.
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Durante la entrevista, la legisladora relató un caso que, según dijo, evidencia las irregularidades detectadas.
Explicó que posee documentación de una persona que inscribió un título universitario el mismo año en que fue creada la universidad. También cuestionó la respuesta de la Corte Suprema de Justicia en casos donde incluso los propios involucrados reconocen poseer títulos falsos.
“La Corte dice que hay que mandar a la Justicia. ¿Van a mandar todo a la Justicia para que quede ahí 200 años y nunca salga nada?”, criticó.