Ayer, martes, el juez Humberto Otazú dispuso la apertura de un juicio oral y público contra Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este y potencial candidato opositor a la Presidencia de la República, por los supuestos delitos de lesión de confianza y administración en beneficio propio, en el marco de una investigación conocida como ‘Caso Tajy’.
El exintendente Prieto y otros exfuncionarios municipales imputados son acusados por el Ministerio Público de haber causado un presunto daño patrimonial de 306 millones de guaraníes a la Municipalidad de Ciudad del Este mediante la supuesta compra simulada de insumos para la elaboración de alimentos panificados en 2020, durante la pandemia de covid-19.
El ‘Caso Tajy’ es una de varias causas judiciales que enfrenta Prieto, quien afirma estar siendo víctima de una persecución política impulsada por el oficialismo cartista para frenar una eventual candidatura presidencial suya.
Exclusión de prueba “vital”
En una conferencia de prensa este miércoles en el Congreso Nacional, los diputados Rubén Velázquez y Leidy Galeano, y el senador José Oviedo -todos representantes del partido opositor Yo Creo, liderado por Prieto– denunciaron como ejemplo de esa presunta persecución política que el juez Otazú no haya autorizado incorporar a la causa como prueba un material audiovisual que, según manifiesta la defensa de Prieto, demostraría la inocencia del exintendente.
El diputado Velázquez cuestionó la exclusión como elemento probatorio de un video de unos 40 minutos de una transmisión en vivo realizada en 2020 por un medio de Ciudad del Este que supuestamente muestra la elaboración de panificados en la planta procesadora de alimentos de la Municipalidad esteña.
Según dijo el parlamentario, se trata de una prueba que desmiente la acusación del Ministerio Público, que mantiene que la Municipalidad, bajo la administración de Prieto, pagó por insumos para la elaboración de panificados que nunca fueron entregados por la empresa adjudicada, vinculada a una pareja sentimental del entonces intendente.
“Esto el juez decide excluir del expediente porque considera que hay muchas declaraciones en el video y que eso se debe hacer en el marco de declaraciones indagatorias o testificales, a su criterio no tiene relevancia jurídica”, cuestionó el legislador.
“Clara persecución política”
El diputado Velázquez opinó que el video “demuestra la total inocencia de Miguel y los demás imputados en la causa” y que es “de vital importancia” para el juicio. Su exclusión “afecta el debido proceso y las garantías constitucionales” de Prieto y de los demás procesados, insistió.
Opinó que la decisión evidencia una “clara persecución política” contra el exintendente y un intento de direccionar el juicio hacia una condena.
El diputado de Yo Creo cuestionó también que el juicio por el ‘Caso Tajy’ haya sido sustanciado en Asunción y no en Ciudad del Este, y opinó que se trata de un intento de entorpecer la defensa del exintendente.
Argumentó que un caso de supuesta lesión de confianza reportado en Ciudad del Este solo puede ser sustanciado en la capital si el presunto daño patrimonial supera un monto equivalente a 5.500 jornales mínimos, lo que no ocurrió en el ‘Caso Tajy’, por lo que –en su opinión- se agregó injustamente la figura de administración en beneficio propio.