La comisión tendrá como objetivo “diagnosticar, monitorear y proponer soluciones legislativas, presupuestarias y administrativas” ante la problemática que afecta al sistema sanitario público y al Instituto de Previsión Social (IPS). El documento también dispone que funcionará en sesión permanente hasta que se encuentre una solución.
La propuesta contempla la participación de representantes de las distintas bancadas y prevé convocar a autoridades del Ministerio de Salud Pública, del Instituto de Previsión Social (IPS), gremios médicos y de enfermería, representantes de pacientes, sociedades científicas y otros actores vinculados al sistema sanitario.
Además, la comisión estará facultada para solicitar informes a las autoridades competentes y realizar inspecciones en centros asistenciales, herramientas con las que buscará obtener información directa sobre la situación del sistema de salud.
Senador pide diálogo para evitar la salida de médicos
El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, sostuvo que la crisis sanitaria no se limita al reclamo de los médicos y mencionó otros problemas, como los amparos, la formación de profesionales y la migración de médicos que se capacitan en Paraguay y posteriormente se trasladan a Brasil.
Núñez consideró que el Congreso puede contribuir a encontrar una solución, especialmente porque el Presupuesto General de la Nación también será definido en el Senado.
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El titular del Senado advirtió además que será difícil reemplazar rápidamente a los médicos que renuncien, especialmente a aquellos con especialidades y subespecialidades, y que los principales afectados serán los pacientes.
Ovelar advierte que la crisis sanitaria está escalando
La senadora Blanca Ovelar cuestionó la respuesta oficial y afirmó que no se está dimensionando correctamente la gravedad de la situación. Relató que recibió a familiares de niños con fibrosis quística y de pacientes con enfermedades poco frecuentes, quienes expresaron su preocupación por la salida de médicos que atienden a sus hijos en el Hospital Niños de Acosta Ñú.
Ovelar señaló que la renuncia de más de 270 médicos especialistas constituye una crisis “social, humanitaria” y ética, y sostuvo que el problema requiere una respuesta política. También cuestionó las campañas de desprestigio contra los médicos que encabezan los reclamos, al considerar que contribuyen a agravar el conflicto.
La legisladora insistió en que el Congreso debe asumir un papel más activo. “La neutralidad y la pasividad en este tema no funcionan”, sostuvo, al plantear que el Senado debe tomar partido por una salida a la crisis.
Para la senadora Yolanda Paredes, del partido Cruzada Nacional (CN), “esa comisión de crisis es para ayer” e indicó que su preocupación central es el plazo que vence el viernes para aceptar o no las renuncias de los médicos: “Estamos contrarreloj”.
Opositor defiende potestad del Congreso
Filizzola también advirtió que el problema tiene su origen en la falta de diálogo y consideró que el principal reclamo de los médicos es precisamente haber sido ninguneados.
El legislador puso en duda que el sistema pueda reemplazar rápidamente a los especialistas que presentaron sus renuncias. Mencionó como ejemplo la dificultad de encontrar unos 200 anestesiólogos, así como terapistas y otros especialistas escasos en Paraguay. Recordó que formar un buen terapista o anestesiólogo lleva años.
Por ello, sostuvo que el Poder Ejecutivo debe asumir su responsabilidad y cuestionó que el Gobierno mantenga una actitud que calificó de “temeraria” e “irresponsable”. No obstante, planteó que el Congreso puede intervenir si el Ejecutivo no logra un acuerdo con los médicos.
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“La lapicera está en el Congreso”, afirmó Filizzola, al recordar que el Parlamento tiene la potestad constitucional sobre el Presupuesto. Según explicó, si fuera necesario, el Congreso podría incorporar mediante el presupuesto los recursos para atender los reclamos del personal médico.
El senador instó a sus colegas a asumir el rol que constitucionalmente les corresponde y advirtió que el Parlamento no puede limitarse a actuar como “pasapapeles” del Ejecutivo.
“Para las viales hay 1.000 millones, para los médicos estamos hablando de 100 millones o menos”, sostuvo, al cuestionar que aparentemente existen recursos para infraestructura y otros sectores, pero no para garantizar un salario digno al personal especializado que sostiene el sistema sanitario.
Esperanza Martínez denuncia un “negocio fenomenal”
En la reunión de la mesa directiva y durante el debate previo a la conformación de la comisión, la senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), cuestionó la falta de respuestas del Ministerio de Salud a sus pedidos de información sobre la carrera sanitaria, la matriz salarial y, especialmente, los gastos derivados de los amparos judiciales para acceder a medicamentos e insumos.
Martínez sostuvo que existe un gasto excesivo en este mecanismo y afirmó que una prótesis que la DIBEN adquiere por G. 90.000 puede terminar costando G. 600.000 cuando se obtiene mediante un amparo.
También aseguró que los amparos representarían el 20% de la deuda y denunció que detrás de estas compras existiría un “negocio fenomenal” y presuntas compras a precios inflados.La senadora pidió que la comisión se instale cuanto antes para elaborar un plan de reordenamiento del trabajo médico y del sistema de salud. También reclamó a la ministra de Salud que remita la información solicitada sobre los amparos.