En la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, legisladores del oficialismo defendieron la necesidad de establecer controles sobre las compras ordenadas por la Justicia, mientras sectores de la oposición cuestionaron que se pretenda crear una estructura administrativa que pueda terminar interfiriendo con una facultad exclusiva de los jueces.
Durante el debate, la ministra de Salud, María Teresa Barán, confirmó que el Ministerio de Salud Pública destina aproximadamente US$ 130 millones por año al cumplimiento de amparos judiciales. Explicó que la cartera cuenta actualmente con una comisión que analiza cada caso y que este mecanismo permitió reducir entre 7% y 8% la cantidad de amparos.
Según Barán, durante 2025 se registraron unos 1.500 amparos, mientras que hasta julio de este año ya se contabilizaron alrededor de 500. La ministra advirtió que las compras individuales ordenadas por sentencia pueden terminar absorbiendo una parte importante del presupuesto sanitario y desplazar la adquisición de medicamentos esenciales para toda la población.
Ever Villalba plantea investigar la “mafia de los amparos”
El senador liberal Ever Villalba planteó avanzar en la creación de una comisión especial para investigar la denominada “mafia de los amparos”, ante las sospechas sobre el funcionamiento del esquema de provisión de medicamentos mediante órdenes judiciales.
Durante el debate, Villalba sostuvo que el sistema genera varios problemas: subregistro presupuestario, inequidad para quienes no tienen recursos para litigar, riesgos sanitarios cuando los productos no cuentan con una evaluación previa y compras fragmentadas que terminan encareciendo los medicamentos.
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El legislador fue más allá y calificó el mecanismo como un “negociado”, argumentando que una vez dictada la orden judicial, el Ministerio de Salud o el IPS deben adquirir el medicamento solicitado, incluso a precios elevados, debido a la obligación de cumplir la sentencia.
“Estamos reventando todos los presupuestos de salud”, afirman
El senador oficialista Antonio Barrios, exministro de Salud durante el gobierno de Horacio Cartes, respaldó el espíritu del proyecto, aunque aclaró que el derecho constitucional al amparo debe ser respetado.
“Evidentemente que el amparo hay que respetarlo, la vía constitucional, no podemos estar en contra del amparo”, sostuvo. Sin embargo, inmediatamente planteó la necesidad de diferenciar entre los distintos tipos de amparos y establecer controles sobre los medicamentos que se solicitan por esta vía.
Barrios afirmó que desde que comenzaron a proliferar los amparos existe una importante deuda vinculada a estos procesos y sostuvo que se trata de medicamentos que en muchos casos no forman parte del cuadro básico del Ministerio de Salud ni del IPS.
Según el senador, el problema también está relacionado con los medicamentos de última generación que son solicitados para determinadas patologías oncológicas sin que necesariamente correspondan al estadio de la enfermedad.
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“Nosotros tenemos que cuidar el presupuesto del Estado, porque el presupuesto del Estado no va a dar y nos descalabra por completo el tema amparo, el presupuesto de Salud Pública, el presupuesto del Instituto de Previsión Social”, afirmó.
El exministro consideró que una alternativa sería establecer un mecanismo conjunto entre Salud y el IPS que permita evaluar el estadio de cada patología y determinar qué medicamento corresponde de acuerdo con los protocolos médicos.
“Tenemos que buscar una medida y no es una medida errada tratar de elaborar entre las dos instituciones un consejo que pueda evaluar el estadio de cada una de estas patologías y cuál es el medicamento de acuerdo al protocolo que corresponde a ese estadio”, sostuvo.
Barrios advirtió sobre el impacto financiero que atribuye al crecimiento de los amparos. “No tengo ningún problema de que esto se debata, no tengo ningún problema que se posponga 15 días, 30 días, pero tenemos que tener conciencia que estamos reventando todos los presupuestos de Salud Pública y del Instituto de Previsión Social con el tema de los amparos”, afirmó.
Celeste Amarilla cuestiona el proyecto
La senadora Celeste Amarilla se manifestó en contra de la creación de un consejo que tenga participación en el tratamiento previo de los amparos. Sostuvo que el amparo es un derecho constitucional y que su resolución corresponde a la Justicia, no a una nueva estructura administrativa.
Amarilla consideró que el problema de fondo no es el amparo, sino que los pacientes tengan que recurrir a la Justicia porque el sistema público no les garantiza los medicamentos que necesitan.
Por ahora, el Senado decidió dar 15 días más de plazo al proyecto, mientras se busca profundizar el análisis técnico, presupuestario y jurídico de una iniciativa que toca directamente uno de los mayores problemas financieros del sistema público de salud.