El diputado colorado disidente Mauricio Espínola presentó hoy oficialmente el proyecto de ley “de transparencia, metodología y responsabilidad de las encuestas electorales”, que busca endurecer la legislación vigente, por una parte, clarificando los datos relacionados con el trabajo de las encuestadoras y, por otra parte, castigando a los que en vez de encuestas o bocas de urna, hacen “encuestruchas” al “dibujar” números muy distintos de la realidad.
“Este proyecto claramente lo que pretende es crear transparencia en el financiamiento (de quién paga la encuesta), sobre todo, el antecedente histórico de la encuestadora (como lo fue en este caso, que erró rotundamente), y lo que no pretendo tampoco es una censura”, dijo Espínola.
El mismo remarcó que no está contemplada una censura en cuanto a una prohibición de publicación, salvo, obviamente, en la víspera y durante la elección, donde, sobre todo, las bocas de urnas son usadas para un lado u otro, de manera maliciosa.
Espínola puso como ejemplo el caso de Asunción, donde, según él, hubo casos de personas que ya no fueron a votar porque supuestamente había una victoria aplastante a favor de su candidato, Camilo Pérez.
El mismo argumento, pero en el sentido contrario denunció la oposición, que consideró las bocas de urna como un elemento desmotivador para los que apostaban por Soledad Núñez.
“La encuesta hoy es una herramienta legítima en democracia, pero también puede desincentivar al adversario, desincentivar al votante que ese día tiene que salir a votar, crear falsos triunfalismos e influir en el momento del voto”, comentó Espínola.
Sanciones van desde multas hasta prisión
Actualmente ya existen prohibiciones legales a la publicación de encuestas y bocas de urnas durante las elecciones, pero también formas de evadirlas. El proyecto de ley insiste en la prohibición de la publicación, pero también castiga en caso de que los datos sean “fabricados”.
En tal sentido, el artículo 8º del proyecto de ley establece que “queda prohibida la fabricación, alteración, falsificación o manipulación deliberada de resultados de encuestas electorales con el propósito de presentar ante la ciudadanía una medición distinta de aquella efectivamente obtenida”.
La iniciativa señala que la sola diferencia con los resultados no será motivo de castigo, siempre que esté dentro de un margen de error razonable, cambio de preferencias u otros motivos considerables.
Respecto a las sanciones, se señala que “los responsables de empresas, instituciones o personas que realicen o difundan encuestas o sondeos electorales en violación de las prohibiciones establecidas en los artículos 305 y 306 serán sancionados con pena privativa de libertad de dos a seis meses y multa equivalente a quinientos jornales mínimos (G. 58.538.500) para actividades diversas no especificadas”.
Para las encuestadoras que omitan los datos metodológicos, la multa también será de 500 jornales mínimos. La fabricación, falsificación o manipulación deliberada de datos, muestras, entrevistas o resultados de encuestas electorales será sancionada con una multa de hasta mil jornales mínimos (G. 117.077.000).
“Nosotros tuvimos el ejemplo en Asunción, donde se presentaron las probabilidades de victoria antes y durante, a través de las bocas de urna, inclusive, el candidato salió a festejar antes de tiempo”, reclamó Espìnola aludiendo al caso de Camilo Pérez y remarcó que una diferencia tan abultada no es normal.