Firma de máquinas de votación tenía negocios con Vázquez

Miguel Vázquez compartió el directorio de Ueno Bank con el abogado Eduardo Gross Brown.Gentileza

Julio Rey, exdirectivo de Ueno Bank, declaró ante la Fiscalía que Comitia Paraguay SA, la firma proveedora de las máquinas de votación usadas en las municipales, “realiza pagos” a Itti SAE –una empresa del Grupo Vázquez– “por la adjudicación”. Hasta ayer, tanto el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) como la empresa no negaron la existencia de los pagos. La firma adjudicada, que en un llamado previo fue representada por el estudio jurídico de uno de los directivos del banco y beneficiada con una línea de crédito de US$ 14,1 millones desde la misma entidad, negó tener algún vínculo societario pero admitió que contrató a Ueno seguros para el traslado de las máquinas.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicó en marzo de 2025 una licitación para comprar 28.000 máquinas de votación, con un precio referencial de US$ 92,8 millones. El pliego exigía acreditar un capital operativo equivalente al 35% de esa suma.

En esas semanas, la firma Comitia Paraguay SA, filial local de la propietaria de las máquinas de votación utilizadas en Paraguay desde 2021, Magic Software Argentina (MSA), preparó su respaldo financiero con dos cartas de crédito.

La primera, de US$ 2.000.000, la firmó el 22 de abril de 2025 Federico Tomasevich por Puente Holding Limited, de Londres.

La segunda llegó el 9 de mayo, cuando Ueno Bank le comunicó al Tribunal que Comitia Paraguay tenía una línea de US$ 14.100.000 “aprobada específicamente” para ese llamado.

En julio de 2025 el representante legal de Comitia designó a diez personas para actuar en su nombre, y dos de ellas venían del Estudio Jurídico Gross Brown, que tiene como principal asociado al exdirectivo y accionista de Ueno Bank, Eduardo Gross Brown.

Uno de los designados fue Pablo Debuchy, quien había sido síndico titular de Ueno Bank y del Grupo Vázquez hasta el cambio de gobierno, El otro fue Franco Boccia, abogado asociado del mismo estudio e hijo de Franklin Boccia, presidente de Ueno Seguros.

Tras la evaluación de ofertas y en medio de denuncias de direccionamiento, el llamado fue encaminado al Consorcio Paraguay Democrático, representante de las máquinas Smartmatic y único oferente calificado.

Tal situación elevó aún más la tensión, por lo que en medio de presiones el TSJE canceló el llamado de compra de máquinas bajo el argumento de “resguardar la credibilidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales”.

Un informe y afuera

Ruta de las maquinas de votación TSJE Comitia 2026. Infografía detalla la compra y alquiler de máquinas del TSJE entre 2025 y 2026.

Las ofertas se abrieron el 22 de mayo de 2025 y se presentaron Paraguay Democrático, Comitia-MSA y Miru Systems. El 6 de junio el Tribunal de Cuentas lo frenó con una cautelar pedida por Bypar, que la Corte levantó el 7 de julio.

Diez días después, en las pruebas técnicas, Comitia-MSA reemplazó la pantalla de una de sus cinco máquinas bajo custodia del TSJE por otra que habían ingresado dos días antes en una caja rotulada como “accesorios”, por lo que el comité se negó a probarla.

Pero el asunto técnico no les fue la única complicación. En el informe del 24 de julio, ese mismo comité acreditó que Comitia tenía como respaldo económico disponible US$ 32,3 millones, solo el 34,87% del precio referencial y por lo cual les faltaba US$ 122.686 para alcanzar el mínimo.

El comité objetó además la falta de firmas en el acuerdo de Consorcio presentado, y tres de las 69 pruebas de funcionalidad, entre ellas la de la pantalla táctil capacitiva.

El Consorcio Paraguay Democrático, en cambio, acreditó el 95,78% y quedó como único calificado.

No hay mal que por bien...

Julio Rey, exvicepresidente de Ueno, señaló que “COMITIA realiza pagos a ITTI” por este asunto.

Comitia-MSA protestó esa decisión y el 29 de agosto la DNCP rechazó su protesta, pero hizo lugar a la de Miru y ordenó rehacer la evaluación. Ese mismo día el TSJE canceló la compra aunque sostuvo que lo había llevado “con apego a la normativa vigente”.

Dos días antes, la mayoría cartista del Senado le había recomendado cancelar el llamado y pasar al arrendamiento por la vía de la excepción.

Y así fue. En octubre el TSJE llamó a alquilar 18.000 máquinas con un pliego que ya no exigía pantalla capacitiva y con otras cláusulas “a medida”.

Así, el camino quedó despejado y, en la apertura de sobres apareció solo una oferta, la de Comitia-MSA.

El 5 de diciembre se le adjudicó el contrato por US$ 34.986.500. En abril ya había 16.000 máquinas en el depósito del Tribunal y con ellas se votó en las internas de junio y en las municipales del 4 de octubre.

El dictamen y la declaración

El 16 de abril de 2026 la DNCP dictaminó que el cambio de pantalla “habría tenido aptitud para incidir en la apreciación técnica del comité” y remitió el caso al Departamento de Sumarios, aunque todavía no se conoce el resultado.

Para entonces Ueno Bank estaba en el centro de otra historia, porque el Banco Central del Paraguay (BCP) ya lo había advertido al menos diez veces por sus créditos a empresas vinculadas e, incluso, entregados sin suficiente respaldo documental.

En setiembre, la Asociación de Bancos (Asoban) también alertó que su exposición con firmas del propio grupo llegaba al 133% de su patrimonio efectivo. En noviembre entró en proceso de resolución.

Finalmente, días atrás y en esa misma causa, Julio Rey declaró que Comitia “realiza pagos a Itti por la adjudicación de esas máquinas”, aunque hasta el momento no se conoce que se hayan aportado más documentación al respecto.

Comitia y TSJE no niegan pagos

El TSJE reveló el correo enviado por Comitia, que niega tener vínculo societario con Vázquez.

A través de un comunicado publicado en la tarde del viernes, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) respondió a la declaración de Julio Rey.

En el documento, aclaran que la institución rectora de los procesos electorales “no mantiene ni ha mantenido vínculo contractual alguno con la empresa Itti”.

La aclaración, sin embargo, se aleja de lo señalado por Rey, quien apuntaba que la conexión era entre Comitia e Itti.

Sobre esto, la Justicia Electoral informa que le pidió a Comitia, “empresa proveedora del servicio de arrendamiento, un informe sobre la eventual existencia de vínculos con Itti”.

Ante esto, transcribe lo que le contestó la firma y comparten la copia del correo electrónico recibido desde Comitia.

El mensaje lleva la firma de Francisco Pérez Quintana y una dirección de correo de MSA, la firma argentina consorciada.

En el texto señalan que Comitia no tiene ni ha tenido participación societaria en el Grupo Vázquez ni en sus empresas vinculadas y que contrató a Ueno seguros “exclusivamente para brindar cobertura al transporte de las máquinas de votación, conforme a las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones”.

El comunicado del TSJE cierra con la ratificación de que el arrendamiento “se desarrolló conforme a las condiciones establecidas” en el pliego y con la reafirmación de su “compromiso con la transparencia, la legalidad y la institucionalidad de los procesos electorales”, pero no dice nada sobre los pagos que mencionó Rey.

No es la primera vez que el TSJE sale a defender el proceso. En noviembre de 2025 el ministro César Rossel negó que hubiera direccionamiento y Jorge Bogarín, que se hubieran relajado las exigencias de seguridad.

Tras el cambio de pantalla tampoco sancionó al consorcio, no lo denunció ante la DNCP ni le cobró la garantía de oferta, unos US$ 4,6 millones, porque el caso “no reunía los presupuestos jurídicos”. En mayo de 2026 admitió que había “flexibilizado” los requisitos del alquiler.

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