aumento salarial

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, defendió este lunes a los sindicatos de funcionarios públicos que exigen un reajuste salarial del 15% para el 2023, pleno año electoral. Aseguró que el documento que se firmó fue solo para la conformación de una “mesa de trabajo”.

Un informe puesto a consideración del Ejecutivo alerta que las iniciativas parlamentarias relacionadas con aumentos salariales y reducción de impuestos ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica del país y la convergencia fiscal que se está implementando.

Las propuestas de aumentos salariales que están en el Parlamento para su estudio y aprobación tendrán un costo adicional de US$ 142,9 millones al año y, en contrapartida, los proyectos que modifican los impuestos representarán una disminución en la recaudación de US$ 422 millones.

El Sindicato de Funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (Sifusset) del Ministerio de Hacienda no perdió tiempo y un día después de la aprobación de un aumento salarial del 63,6% para los actuarios judiciales, presentó ante las autoridades su pedido de incremento como “actualización o reajuste”.

Porfiria Ocholasky, sindicalista del Poder Judicial, manifestó en Palacio de López que las instituciones deben estudiar si se cumplieron los procesos en el proyecto de ley que establece el aumento salarial a los actuarios judiciales, que tiene media sanción de Diputados. Con esta disposición, 804 actuarios judiciales de percibir G. 4.135.750, pasarán a ganar G. 12.135.750. Su eventual sanción generará un impacto presupuestario de G. 43.226 millones que descoloca el Presupuesto General de Gastos El presidente Mario Abdo aseguró que no es momento para aumentos.