17 de julio de 2026

Un Tribunal de Sentencia de capital condenó a 4 años de cárcel al suboficial ayudante Cemión Arce Mendoza y la oficial ayudante Evelyng Jazmín Núñez González, por “apriete” a una joven madre. Ambos estaban acusados por cohecho pasivo agravado y privación de libertad, pero los jueces previa advertencia de detectar otros hecho punibles, también los sentenció por extorsión en grado de tentativa.
El Senado tratará mañana un infeliz proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara Baja, que a iniciativa del diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) amplía el art. 67 del Código Penal, con lo que se favorecerá la corrupción, disponiendo que cuando el hecho punible haya infligido un daño patrimonial al Estado, el marco penal aplicable puede atenuarse hasta el 50% de la pena, si el autor o partícipe repara el perjuicio voluntariamente. La circunstancia de que la notable atenuación sería improcedente cuando la víctima fuera un particular, en violación del principio de igualdad ante las leyes, muestra que el propósito de este engendro legislativo es beneficiar, sobre todo, a quienes desde el aparato estatal se apropian del dinero de los contribuyentes.

El condenado por múltiples hechos punibles Armando Javier Rotela permanecerá recluido hasta el año 2046, suma resultante de los 23 años de prisión que debe cumplir hasta 2038 y los otros 8 años de medida de seguridad que después debe compurgar, según lo estableció la jueza de Ejecución Penal Sandra Noelia Kirchhofer González.

La Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó la condena para los ochos rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua y los restantes tres, una pena de 15 años.

Importantes sentencias condenatorias por los sonados casos de corrupción registrados recayeron sobre políticos, principalmente, durante el año 2023. Por medio de estos fallos, distintos Tribunales de Sentencia ordenaron además el comiso de bienes; además se cobraron multas por evasión y también, en otros casos hubo reparación del daño al Estado paraguayo, que recuperó así en activos más de G. 16.000 millones.