1 de junio de 2026

En todo el año 2025 se registraron cerca de 500 condenas penales en causas relacionadas a abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. La mayor parte de estas corresponden al departamento Central. Por otra parte, el Poder Judicial registró el ingreso de más de 1.000 causas sobre el citado hecho punible.
El Senado tratará mañana un infeliz proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara Baja, que a iniciativa del diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) amplía el art. 67 del Código Penal, con lo que se favorecerá la corrupción, disponiendo que cuando el hecho punible haya infligido un daño patrimonial al Estado, el marco penal aplicable puede atenuarse hasta el 50% de la pena, si el autor o partícipe repara el perjuicio voluntariamente. La circunstancia de que la notable atenuación sería improcedente cuando la víctima fuera un particular, en violación del principio de igualdad ante las leyes, muestra que el propósito de este engendro legislativo es beneficiar, sobre todo, a quienes desde el aparato estatal se apropian del dinero de los contribuyentes.

El condenado por múltiples hechos punibles Armando Javier Rotela permanecerá recluido hasta el año 2046, suma resultante de los 23 años de prisión que debe cumplir hasta 2038 y los otros 8 años de medida de seguridad que después debe compurgar, según lo estableció la jueza de Ejecución Penal Sandra Noelia Kirchhofer González.

La Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó la condena para los ochos rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua y los restantes tres, una pena de 15 años.

Importantes sentencias condenatorias por los sonados casos de corrupción registrados recayeron sobre políticos, principalmente, durante el año 2023. Por medio de estos fallos, distintos Tribunales de Sentencia ordenaron además el comiso de bienes; además se cobraron multas por evasión y también, en otros casos hubo reparación del daño al Estado paraguayo, que recuperó así en activos más de G. 16.000 millones.

Condenas de 1 a 5 años de penas privativas de libertad fueron aplicadas a los siete acusados por la provisión de documentos falsificados al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, alias Ronaldinho Gaúcho, y su hermano Roberto. Un funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones, un policía del departamento de Identificaciones y varios gestores están entre los sentenciados.