Tartufo: condenas de 6 a 10 años para militar y aduaneros por coima y contrabando

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Claudia Criscioni e integrado con Yolanda Morel y Jesús Riera, como miembros titulares, dio a conocer hoy su sentencia en el juicio oral y público a los seis acusados en la causa abierta a partir del Operativo Tartufo, desplegado en la zona primaria del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, en el 2021.

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En sus alegatos finales, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Rodrigo Estigarribia, había solicitado penas que van de 6 a 10 años de prisión para cinco acusados de haber supuestamente perpetrado hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), contrabando y asociación criminal.

Penas de prisión y comiso de bienes

Asimismo, el Tribunal dispuso el comiso de los G. 10 millones requisados a los acusados durante el Operativo Tartufo, tal como solicitó el fiscal de delitos económicos y anticorrupción.

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Las penas establecidas para los enjuiciados por los hechos punibles señalados son las siguientes:

• Virgilio Miguel Ferreira Cabanella, aduanero: 10 años de pena privativa de libertad como coautor de cohecho pasivo agravado y contrabando .
• Luciano Florenciano Duarte, aduanero: 6 años de pena privativa de libertad como coautor de cohecho pasivo agravado y contrabando. La Fiscalía había solicitado una condena de 8 años de cárcel.
• Eusebio Santacruz Duarte, aduanero: 6 años de pena privativa de libertad como coautor de cohecho pasivo agravado y contrabando. La Fiscalía había solicitado una condena de 8 años de cárcel.
• Jacinto Enrique Blanco Roa, militar: 8 años de pena privativa de libertad por complicidad del cohecho pasivo agravado y contrabando. LaFiscalía había solicitado una condena de 9 años de cárcel..

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Tribunal absolvió a dos acusados por el Operativo Tartufo

El tribunal excluyó el delito de asociación criminal, en el caso de los cuatro condenados, tras concluir que el Ministerio Público no probó que estos conformaron un grupo delictivo para la comisión de los hechos punibles probados, ni la supuesta función que cupo a cada uno de ellos dentro de la aludida organización criminal.

Para el aduanero Antonio Oporto, el agente fiscal solicitó la absolución, por duda, pues estaba alejado de los demás procesados en el momento de la perpetración de los hechos, y no se reunieron suficientes pruebas para corroborar su responsabilidad en los delitos investigados. También Estigarribia argumentó que se comprobó que Oporto tiene facultades mentales disminuidas.

El Tribunal también decidió absolver al aduanero Pedro Rubén Báez Zacarías, para que el que la Fiscalía solicitó una condena de 6 años de pena privativa de libertad.

Condenados por coima y contrabando, a la cárcel

El colegiado decretó la prisión preventiva de los condenados, que al término del juicio serán derivados al departamento judicial de la Policía Nacional, para su posterior traslado a centros penitenciarios a determinar.

El operativo Tartufo se puso en marcha a partir de una denuncia presentada por el ministro de la Secretaría Anticorrupción de la época, René Fernández, ante la sospecha de que en una oficina de control se cobraba coima para el paso de mercaderías desde Brasil a Paraguay. Las pruebas ofrecidas en juicio son resultado de una filmación realizada en marzo del 2021 con cámara oculta durante dos semanas, así como imágenes obtenidas de cámaras de circuito cerrado de la zona.

El 30 de marzo del 2021 en la cabecera del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, una comitiva judicial y policial procedió a la detención de los aduaneros y marinos que, según los investigadores, coordinaban con los propios contrabandistas ejecutar pequeñas incautaciones, a cambio de dejar pasar voluminosos cargamentos.

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El “modus operandi” registrado en dos semanas de filmaciones

“En el juicio quedó plenamente demostrado a través de las imágenes la conducta de estas personas, principalmente la de Virgilio Ferreira y también de los otros acusados, donde se observa que recibían dinero para hacer pasar productos frutihortícolas, hablamos de tomate, cebolla, y también de cemento”, explicó Estigarribia tras presentar sus alegatos finales.

“Esta fue una organización. En el primer día de filmaciones se demostró que hablaban de cómo y quién iba a cobrar, dónde iban a guardar la plata, cómo se iban a dividir las tareas y esto fue lo que sucedió: las personas llegaban, formaban filas fuera de la caseta de aduanas, ingresaban por turno a cambio de entregar esas sumas de dinero. Habían algunas personas que estaban afuera y hacían pasar a estas personas; inclusive quedó demostrado que a una de las paseras, que era una mujer, se realizaron actos sexuales en ese lugar y también les pagaban para hacer pasar esas mercaderías”, agregó el fiscal.

El agente fiscal señaló que los aduaneros y el militar acusados exigían sumas que iban desde G. 100 mil hasta G. 300 mil por persona, e incluso hubo un caso en que dejaron pasar cinco vehículos por G. 1.700.000.

Hay otras tres personas procesadas por el mismo caso, dos de ellas fueron condenadas en un procedimiento abreviado y la tercera está prófuga de la justicia.