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Numerosas causas relacionadas a hechos de corrupción en los estamentos del Estado paraguayo, llegaron a su fin en el año 2023 con el dictado de sentencias condenatorias por parte de tribunales de sentencia. Varias de ellas, no solamente fueron con penas carcelarias sino también con el comiso de bienes, reparación del daño y otras más.
En su mayoría las investigaciones fueron llevadas a cabo por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), del Ministerio Público, quienes lograron condenas que van de entre 2 a 11 años de pena privativa de libertad.
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En el marco de estas también se impusieron multas que significaron una recuperación de G. 9.318.928.027, así como la reparación del daño en algunas causas penales por valor de G. 1.104.152.000 y principalmente, el comiso de bienes por la suma total de G. 5.596.201.731, lo que sumado equivale a la suma de G. 16.019.281.758, que recupera el Estado paraguayo de los hechos de corrupción castigados por el Poder Judicial, según se informó desde la Fiscalía.
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Exgobernadores condenados
Entre los recientemente condenados está Óscar Venancio Núñez Giménez, conocido como Ñoño, quien fue gobernador del departamento de Presidente Hayes, y es hermano del senador colorado cartista Basilio Gustavo Núñez Giménez, reconocido más como Bachi.
Ñoño fue sentenciado a 11 años de cárcel, más 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Igualmente, su sucesor en la gobernación Emigdio Osvaldo Benítez Ortiz, sobre quien recayó una pena de 7 años y 6 meses de cárcel, más 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En el caso de Óscar “Ñoño” Núñez el Tribunal de Sentencia dio por probado la lesión de confianza que causó un perjuicio patrimonial de G. 42.503.556.035, y por Emigdio Benítez, el daño fue de G. 10.246.250.080.
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Exsenador Miguel Cuevas condenado
El exsenador colorado Miguel Jorge Cuevas Ruíz Díaz, fue condenado también a 5 años de cárcel, por un Tribunal de Sentencia que dio por probado el enriquecimiento ilícito del político de la ANR, pues este no pudo justificar cómo su patrimonio se incrementó en G. 1.934 millones entre 2009 y 2019.
Además, los jueces decretaron el comiso de sus bienes por G. 1.934.584.238, consistente en tres fincas situadas en el distrito de Sapucái, en Paraguarí. La pena fue ratificada por un Tribunal de Apelación.
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El “partner” con pena firme
El ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Raúl Fernández Lippman, también fue condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a 7 años de prisión.
La sentencia condenatoria se dio en un segundo juicio que finalizó en abril de 2023, luego de que un Tribunal de Apelación haya anulado su absolución registrada en juicio en noviembre de 2020.
El Ministerio Público logró probar que Fernández Lippmann se enriqueció de forma ilícita y lavó ese dinero obtenido de forma ilegal, mediante su cargo de director en el JEM. Es decir, el mismo no pudo justificar sus egresos por más de G. 237.550.698, que tuvo entre el 2007 y 2017.
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Contrabando en pandemia
El empresario Justo Ferreira forma parte del grupo de los condenados. Este recibió una pena carcelaria de tres años, por ingresar al país de contrabando de 50 camas hospitalarias eléctricas, al inicio de la pandemia por covid-19, en abril de 2020.
Según el Ministerio Público, Ferreira ingresó al país el 18 de abril de 2020, 50 camas eléctricas utilizando una guía aérea que solo hacía referencia a 400 camas manuales para proveerlas al Ministerio de Salud en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.
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Exministro de la Corte, condenado
Un Tribunal de Sentencia dictó una sentencia condenatoria de 3 años de prisión para el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac Albertini, quien fue hallado culpable de cohecho pasivo agravado (coima).
Por esa misma causa fue sentenciado a 2 años y 6 meses de cárcel, el funcionario judicial Rafael Ramírez Doldán, quien fue detenido con parte del dinero, US$. 50.000, en un procedimiento encubierto realizado del 5 de julio de 2018, en la Plaza de la Justicia.
El exministro Bajac se dejó prometer la suma de dinero a cambio de rever su voto en un caso que estaba en estudio en la Corte.
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Pena para excontralor
El ex contralor general de la República, José Enrique García, fue sentenciado a 2 años de cárcel con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, por el caso conocido como Ivesur.
Según concluyó el Tribunal de Sentencia que lo condenó, Enrique García cometió hechos punibles para justificar la no presentación de la apelación contra el fallo en la demanda arbitral que obligaba al municipio de Asunción a pagar G. 18.975.014.366 a Ivesur.
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Otras causas con condenas
Así como estos casos, también hubo otros más, como las condenas a los exministros de Agricultura y Ganadería, Rody Godoy y Enzo Cardozo, a 7 y 10 años de prisión por estafa y lesión de confianza por un perjuicio de G. 68.000 millones a la institución.
En el operativo Tartufo, fueron condenados un militar y tres aduaneros a penas de 6 a 10 años de prisión por coima, contrabando y asociación criminal cometidos en el Puente de la Amistad, en Ciudad del Este. Además, el Tribunal de Sentencia ordenó el comiso de G. 10 millones requisados de los aduaneros al momento de su detención.
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Proceso al ex titular de la Seprelad
El Ministerio Público actualmente tiene en curso una causa abierta contra el extitular de la Seprelad, Óscar Boidanich, y para el próximo 13 de abril de este año deber presentar un requerimiento conclusivo, que puede ser acusatorio o con otra salida procesal.
La imputación de los fiscales Francisco Cabrera Sanabria, Alma Zayas, Jorge Arce y Diego Arzamendia resalta que en el mes de abril de 2018, tras recibir tres reportes de operaciones sospechosas relativas a Darío Messer, empresas vinculadas a este; y sobre Juan Pablo Jiménez Viveros, Seprelad informó a la Fiscalía, pero excluyó el párrafo donde se señala que estas eran “cercanas” al entonces presidente de la República del Paraguay Horacio Manuel Cartes Jara.
Esa nota de remisión al Ministerio Público habría sido firmada por la entonces funcionaria de Seprelad Raquel Cuevas, quien luego fue destituida; por el entonces ministro secretario Óscar Boidanich.
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El “N° 2″ acusado por desvíos
El exgobernador de Central Hugo Javier González está acusado por el fiscal Silvio Corbeta, por el supuesto daño patrimonial de G. 18.300 millones provenientes de los recursos departamentales de los ejercicios fiscales 2019 y 2020, y a la espera de preliminar.
Hugo Javier González, conocido como “el N° 2″, fue acusado por lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en una de las dos causas penales.
Hugo Javier, en su primera causa, afrontará juicio por el supuesto desvío de G. 5105 millones provenientes de los fondos Covid. En esta investigación los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera lo acusaron a él y otros funcionarios más de la Gobernación.
Todos están acusados por la presunta comisión de los hechos punibles de declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.