damnificados

El fiasco del acueducto chaqueño, que entre 2012 y 2022 ha insumido más de 991.500 millones de guaraníes (130 millones de dólares), triplicando casi el costo inicial previsto, sigue insoluble en perjuicio del fisco y de los pobladores. Pese a la enorme suma invertida en él, se trata de un elefante blanco, fuera de servicio desde hace casi dos años, que no ha servido para enfrentar con éxito las crisis recurrentes que sufre el Chaco central debido a la insuficiencia de lluvias y de fuentes hídricas. Pasan los Gobiernos sin que se tomen medidas que reparen de una vez por todas las deficiencias de un proyecto mal concebido y peor ejecutado, ni que los responsables de las chapucerías sean penal o civilmente sancionados. La angustiosa situación anual de los damnificados requiere un pronto y definitivo remedio, para lo cual es imprescindible aplicar la ley penal y la de suministro y contrataciones públicas, para que los responsables del desastre vayan a parar a la cárcel.

Los trabajos de construcción de las viviendas de 3x6 metros de diámetro se iniciaron el lunes, un día después del incendio en la Costanera que arrasó con 37 casitas precarias. Las obras están a cargo de funcionarios de la SEN, quienes prevén concluir las construcciones para este jueves.

La Secretaría de Emergencia Nacional se encuentra culminando la edificación de las 37 viviendas temporales que servirán de refugio para los afectados por el incendio del domingo pasado en la Costanera. Hasta el momento, no hay una solución habitacional proyectada, por lo cual se desconoce cuánto tiempo tendrán que vivir ahí. Desde la SEN cuentan cómo son las casitas.

Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, señaló que estarán buscando una solución definitiva para las familias afectadas por el incendio de precarias viviendas en zona de la Castanera. Señaló que -considerando experiencias negativas con proyectos pasados- el objetivo es buscar un predio que esté cerca del microcentro, para la edificación de viviendas sociales.

Ayer, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley para asistir a familias damnificadas por las crecidas en Ñeembucú, sin embargo, aprobaron reprogramaciones por un total de G. 4.463 millones para “desprecarización” de funcionarios en 6 entes. Opositores criticaron priorización del clientelismo.