Francisco Ruiz Díaz, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), ordenó ayer que se mantenga cerrado el edificio “Plaza 600″, donde funcionan las oficinas del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) y la Dirección Departamental de Central. En consecuencia, en la jornada de este jueves, los funcionarios acudieron para el desarrollo de sus labores y no pudieron ingresar a las oficinas.
La medida también fue acompañada por el cambio de autoridades, según informó Ruiz Díaz a ABC. Los desvinculados fueron Fredy Bernardo González Arrúa, quien era director departamental de Central; Bernardo Diosnel Sosa Kemal, titular del SIRT, y Germán Santiago Medina, director de campos comunales y unidad ambiental (dependiente de la gerencia de Desarrollo Rural). Todos ellos fueron derivados a la Dirección General del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP), conforme a las resoluciones N° 566, 567 y 568.
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Según contó Ruiz Díaz, recibió las denuncias de dos casos, y en ambos se habría pedido un “incentivo económico” para la entrega de títulos. Uno de ellos refiere que funcionarios de la Dirección Departamental de Central realizaron el relevamiento de información in situ, trabajo que corresponde única y exclusivamente al SIRT, salvo decisión del presidente plasmada en resolución. El otro es sobre la venta de un terreno sin cumplir criterios técnicos, pues se trataría de un campo comunal, que es indivisible y no debe venderse a particulares.
Sobre el caso, Fredy González dijo a la prensa que desconoce las denuncias. Alegó que llegó a la oficina para desarrollar el corte administrativo, pero no pudo ingresar. No se logró el contacto con los demás funcionarios afectados.
Estuvo en otra administración
Fredy González se desempeñaba como gerente general bajo la gestión de Mario Vega, en 2020, y fue desvinculado tras divulgarse la compra de una lujosa camioneta, valuada en G. 627.000.000, muy superior a lo que le permitiría pagar sus ingresos oficiales.
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Mientras que Bernardo Sosa fue salpicado en un caso de esquema de cobro de viáticos por trabajos que supuestamente se realizaron en la ciudad de Arroyito, denunciado por el actual presidente Ruiz Díaz, en setiembre del año pasado.