6 de julio de 2026

Entre baches, hundimientos y problemas de drenaje, la avenida Artigas espera una renovación prometida desde hace 9 años. El MOPC prevé licitar a más tardar a comienzos de agosto un proyecto integral que demandará una inversión de casi US$ 78 millones. Conozca los detalles del plan en esta nota.

Ante la auditoría anunciada por el IPS por supuestos daños patrimoniales en la compra de medicinas, la proveedora salió al paso. Aseguró que sus contratos siguen normas técnicas y que las entregas dependen exclusivamente de la demanda institucional.

El IPS impulsa tres licitaciones estratégicas con una inversión superior a los G. 107.000 millones, buscando garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales e insumos de alta complejidad para mejorar la atención de sus asegurados.

La Conatel culminó la consulta pública del pliego para una nueva licitación de frecuencias destinadas a servicios 5G y prevé lanzar el llamado en las próximas semanas. La convocatoria se realizará en medio de cuestionamientos a la anterior adjudicación de una licencia a la firma argentina Nubicom, vinculada al Grupo Vázquez, cuyo despliegue de red es objeto de dudas y observaciones por parte de la Contraloría General de la República.

El Consorcio Comitia MSA, adjudicado para el arrendamiento de las máquinas de votación de las próximas elecciones internas y municipales, reveló en una primera licitación del TSJE su cercanía con el Grupo Vázquez SAE, exsocio comercial del presidente Santiago Peña. La firma designó como representantes a dos abogados del estudio jurídico de Eduardo Gross Brown, director suplente de Ueno Bank y de otras firmas del conglomerado. Para el segundo llamado, los nombres de estos profesionales desaparecieron de los registros.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no solo evitó denunciar ante la DNCP la alteración de muestras del Consorcio Comitia MSA, sino que también omitió ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta tras el “engaño” documentado en la licitación cancelada de 2025. Pese a estos antecedentes de graves irregularidades, el consorcio pasó de descalificado a ser premiado con un contrato de casi US$ 35 millones de una segunda licitación por el alquiler de máquinas de votación para las próximas elecciones internas y municipales.