La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ayer un recurso de nulidad contra el laudo arbitral del fracasado metrobús, ante el tribunal de apelación en lo civil y comercial de la capital, tercera sala con la intención de invalidar la sentencia que condena al Estado a pagar casi US$ 17 millones a la empresa Mota Engil.
El caso metrobús está nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez porque el Estado paraguayo tendrá que pagar a la empresa Mota Engil la suma total de US$ 16 millones, según se deliberó en un tribunal arbitral.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que tienen un plazo de 30 días para responder el fallo internacional a favor de la empresa Mota Engil, encargada de la fallida obra del metrobús, que obliga al Estado Paraguayo a pagar US$ 16 millones, y al ser consultado sobre qué gobierno sería el responsable, evitó contestar directamente.
Marco Aurelio González, procurador general de la República, dijo que el Instituto de Previsión Social (IPS) ya cuenta con un reglamento que le permite comprar bonos del tesoro del Estado de manera indirecta, pero no en las mejores condiciones. Dijo que con la ley de superintendencia, supuestamente mejorarían las condiciones de compra de estos bonos.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que los ocupantes VIP de la finca 916 del Ministerio de Defensa que aún no entregaron las llaves de sus propiedades, se exponen a la obligación de pagar los costos de los derrumbes de los edificios del lugar.
Un juzgado en lo Civil y Comercial rechazó la demanda de indemnización de daños y perjuicios que promovió el exdelegado de Gobierno del régimen stronista Crio. Bernardino Caballero Galeano, quien reclamó al Estado paraguayo US$ 1.370.000 como reparación por haber sido torturado durante el Golpe de Estado de 1.989. El juzgado argumentó que primero se debería reclamar a los funcionarios públicos que cometieron el supuesto atropello de lesa humanidad.