26 de julio de 2026

El presidente Santiago Peña justificó el interinazgo del abogado Rubén Elidio Gaona Gaona en la Procuraduría General de la República (PGR) desde agosto pasado tras la renuncia de Marco Aurelio González, actual miembro del Banco Central. El mandatario minimizó las críticas de la vacancia en una institución que defiende los intereses del Estado.


El mismo “esquema” de millonaria recaudación con “acuerdos judiciales”, que al ser pillado forzó la renuncia del exdirector jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José “Jose’i González, hizo metástasis en la Procuraduría General de la República, a través de los tentáculos de su hermano, el exprocurador Marco Aurelio González Maldonado, según denunció la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), y pidió informes para denunciar penalmente ante Fiscalía.

La diputada Rocío Vallejo cuestionó la irregularidad de mantener un interinato prolongado en la Procuraduría General de la República. Ante la importancia de proteger los intereses del Estado paraguayo en instancias judiciales, la legisladora anunció que exigirá informes al Poder Ejecutivo sobre la demora en la designación de un procurador titular.

El destino de la “Casa Serafina Dávalos” sigue en suspenso. Pese a un dictamen jurídico del IPS para rescindir el convenio con la Procuraduría General de la República por falta de restauración, el Consejo de Administración decidió en sesión esperar, tras recibir un compromiso para ejecutar las obras este 2026. Mientras se analiza esta última oportunidad, autoridades del ente pidieron el cierre urgente del predio ante el vandalismo del cual es víctima.

El IPS deslindó responsabilidades sobre el actual estado de la histórica “Casa Serafina Dávalos”. Según la Dirección de Patrimonio del ente, tras el convenio de usufructo firmado en 2025, la Procuraduría General de la República es la única encargada de la restauración y adecuación del inmueble. Ciudadanos reclaman la puesta en valor de este patrimonio cultural.

El exprocurador Marco Aurelio González intervino en el litigio del IPS contra el Consorcio Hotelero días antes de un acuerdo extrajudicial que aplicó una millonaria quita a la deuda. Esta falta de oposición permitió que su hermano, José González, cobrara G. 412 millones como abogado de la previsional.