11 de junio de 2026

En un pacto exprés concretado en pleno recibimiento del año 2026, la Procuraduría General de la República aceptó recortar una demanda de G. 4.304 millones a apenas G. 520 millones en un grosero perjuicio a las arcas públicas. Para cerrar el círculo del daño al Estado, los abogados de la PGR cobraron honorarios inflados y fuera de los porcentajes permitidos por la ley, situaciones que fueron omitidas por la institución en un desesperado comunicado oficial.


La diputada Rocío Vallejo cuestionó la irregularidad de mantener un interinato prolongado en la Procuraduría General de la República. Ante la importancia de proteger los intereses del Estado paraguayo en instancias judiciales, la legisladora anunció que exigirá informes al Poder Ejecutivo sobre la demora en la designación de un procurador titular.

El destino de la “Casa Serafina Dávalos” sigue en suspenso. Pese a un dictamen jurídico del IPS para rescindir el convenio con la Procuraduría General de la República por falta de restauración, el Consejo de Administración decidió en sesión esperar, tras recibir un compromiso para ejecutar las obras este 2026. Mientras se analiza esta última oportunidad, autoridades del ente pidieron el cierre urgente del predio ante el vandalismo del cual es víctima.

El IPS deslindó responsabilidades sobre el actual estado de la histórica “Casa Serafina Dávalos”. Según la Dirección de Patrimonio del ente, tras el convenio de usufructo firmado en 2025, la Procuraduría General de la República es la única encargada de la restauración y adecuación del inmueble. Ciudadanos reclaman la puesta en valor de este patrimonio cultural.

El exprocurador Marco Aurelio González intervino en el litigio del IPS contra el Consorcio Hotelero días antes de un acuerdo extrajudicial que aplicó una millonaria quita a la deuda. Esta falta de oposición permitió que su hermano, José González, cobrara G. 412 millones como abogado de la previsional.

El abogado Ezequiel Santagada advirtió que la Procuraduría General de la República (PGR) opera sin un titular designado por el Poder Ejecutivo y con un “encargado de despacho” cuya designación sería nula. La disputa afecta un juicio de amparo por acceso a datos de Mburuvichá Roga y, a la vez, expone una grave falla institucional.