9 de septiembre de 2026

Este martes, la Procuraduría General de la República tomó posesión judicial de unos inmuebles ubicados en Pedrozo, Ypacaraí. Con la medida, la institución asegura que continuarán las obras en la zona, ya conocida por ser escenario de accidentes fatales.


Atendiendo a la existencia de un presunto esquema de recaudación mediante “acuerdos extrajudiciales” a costa del Estado detectado en el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Procuraduría, la diputada Johanna Ortega (PPS) adelantó que revisarán la legislación para cortar con esto. Señala que permitir que abogados del Estado cobre parte de “honorario profesionales” constituye un conflicto de interés y alentaría el esquema.

El mismo “esquema” de millonaria recaudación con “acuerdos judiciales”, que al ser pillado forzó la renuncia del exdirector jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José “Jose’i González, hizo metástasis en la Procuraduría General de la República, a través de los tentáculos de su hermano, el exprocurador Marco Aurelio González Maldonado, según denunció la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), y pidió informes para denunciar penalmente ante Fiscalía.

La diputada Rocío Vallejo cuestionó la irregularidad de mantener un interinato prolongado en la Procuraduría General de la República. Ante la importancia de proteger los intereses del Estado paraguayo en instancias judiciales, la legisladora anunció que exigirá informes al Poder Ejecutivo sobre la demora en la designación de un procurador titular.

El destino de la “Casa Serafina Dávalos” sigue en suspenso. Pese a un dictamen jurídico del IPS para rescindir el convenio con la Procuraduría General de la República por falta de restauración, el Consejo de Administración decidió en sesión esperar, tras recibir un compromiso para ejecutar las obras este 2026. Mientras se analiza esta última oportunidad, autoridades del ente pidieron el cierre urgente del predio ante el vandalismo del cual es víctima.

El IPS deslindó responsabilidades sobre el actual estado de la histórica “Casa Serafina Dávalos”. Según la Dirección de Patrimonio del ente, tras el convenio de usufructo firmado en 2025, la Procuraduría General de la República es la única encargada de la restauración y adecuación del inmueble. Ciudadanos reclaman la puesta en valor de este patrimonio cultural.