Debido a un recurso que planteó la defensa se suspendió la audiencia preliminar, prevista para hoy, del suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva, de 30 años, único acusado por el asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana, ocurrido entre la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. El juzgado de Garantías de la causa convocó para las 09:00 de este viernes la audiencia de reposición.
En la madrugada del 1 de abril de 2017, uno de los agentes policiales que irrumpieron el local del Directorio del PLRA, sin previa orden judicial de allanamiento, ultimó de un balazo al joven Rodrigo Quintana, en el marco de las protestas ciudadanas contra el intento de promover la reelección presidencial de Horacio Cartes y Fernando Lugo, mediante una simple enmienda constitucional. Hasta hoy, nadie ha sido condenado por ese hecho criminal, sin precedentes en la historia política del país: nunca antes la fuerza pública había asaltado la sede principal de un partido, dando muerte a uno de los presentes. La ambición de poder segó una vida joven; el supuesto autor material está en libertad en tanto que la autoría intelectual del atropello no ha sido develada hasta ahora. Sería indignante que este trágico episodio termine en la nada; si la resistencia ciudadana logró frustrar que se consume el quebrantamiento del orden constitucional, ahora corresponde bregar para que no quede impune ningún responsable directo o indirecto de la muerte atroz de Rodrigo Quintana. De lo contrario, la historia podría repetirse, pues la sed de poder de algún patrón podría resultar insaciable.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos presentó ayer una apelación ante la Corte para destrabar la exclusión de los padres de Rodrigo Quintana en la querella adhesiva en el caso conocido como 31M. La defensa ahora la ejerce la expareja del joven asesinado en el Partido Liberal, quien mantiene enemistad con la familia, según alegaron.
Mientras que el único procesado por la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana ya está libre, el primer anillo cartista del 31M del 2017 sigue en la impunidad. Los “asesores” no fueron investigados, los jefes policiales fueron blanqueados o pasaron a ser guardaespaldas de Horacio Cartes, los exministros siguen en varios cargos y los fiscales, que no permitieron analizar el cruce de llamadas de esa noche, renunciaron al ser enjuiciados.
Se cumplen siete años del golpe parlamentario impulsado por Horacio Cartes para habilitar la reelección por enmienda así como la quema del Congreso en manifestaciones para defender la democracia. Igualmente, se cumple otro año de impunidad fiscal a quienes dieron la orden a la Policía de abandonar el Senado y atacar el PLRA.
Un Tribunal de Apelación en lo Penal excluyó a los padres de Rodrigo Quintana, asesinado el 1 de abril de 2017 en la sede del PLRA, de formar parte de la querella adhesiva. En este sentido, solo admitió como parte del proceso a la expareja del joven, Leticia Redes. Esta resolución es consecuencia de la apelación presentada por el fiscal Giovanni Grisetti en cuanto a la participación de los progenitores en el caso.