Rodrigo Quintana

Mientras que el único procesado por la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana ya está libre, el primer anillo cartista del 31M del 2017 sigue en la impunidad. Los “asesores” no fueron investigados, los jefes policiales fueron blanqueados o pasaron a ser guardaespaldas de Horacio Cartes, los exministros siguen en varios cargos y los fiscales, que no permitieron analizar el cruce de llamadas de esa noche, renunciaron al ser enjuiciados.

Se cumplen siete años del golpe parlamentario impulsado por Horacio Cartes para habilitar la reelección por enmienda así como la quema del Congreso en manifestaciones para defender la democracia. Igualmente, se cumple otro año de impunidad fiscal a quienes dieron la orden a la Policía de abandonar el Senado y atacar el PLRA.

Un Tribunal de Apelación en lo Penal excluyó a los padres de Rodrigo Quintana, asesinado el 1 de abril de 2017 en la sede del PLRA, de formar parte de la querella adhesiva. En este sentido, solo admitió como parte del proceso a la expareja del joven, Leticia Redes. Esta resolución es consecuencia de la apelación presentada por el fiscal Giovanni Grisetti en cuanto a la participación de los progenitores en el caso.

El abogado de la familia del dirigente liberal Rodrigo Quintana, asesinado durante una incursión de la Policía Nacional en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico en 2017, fue excluida del juicio oral al único policía investigado por el incidente. Advirtió que con esa decisión queda “muerta” la posibilidad de descubrir quién dio la orden de que la Policía ingrese con violencia al PLRA.

“La única parte que presentó, que metió el cruce de llamadas como elemento a ser analizado, que pidió los extractos y solicitando la ampliación de la investigación a otros actores éramos nosotros”, expresó el abogado Guillermo Cacavelos. El pedido de excluir a la familia de la causa fue hecho por Giovanni Grisetti, uno de los dos fiscales que esta semana imputaron al expresidente Mario Abdo Benítez y a exmiembros de su gabinete por una supuesta filtración de datos confidenciales con el presunto objetivo de dañar la imagen del expresidente Cartes.