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El Ministerio de Hacienda dio a conocer ayer su informe de deuda pública correspondiente al mes de marzo, que incluye los compromisos asumidos por las instituciones de la administración central y de las entidades descentralizadas.
En 2022 el nivel de endeudamiento público había cerrado en US$ 15.053,7 millones, equivalente a 36,6% del PIB; a eso se sumó en enero US$ 63,9 millones, en febrero US$ 118,1 millones y en marzo US$ 30,6 millones.
Con estos agregados en el primer trimestre del año la deuda total se situó en US$ 15.266,3 millones, que representa 37,1% del PIB; de la cual a la administración central le corresponde US$ 13.606,1 millones, que implica 33% del PIB; y a la administración descentralizada US$ 1.660,2 millones, que equivale al 4% del PIB.
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El informe de la cartera señala que el 49,7% de los compromisos proviene de la emisión de bonos del Tesoro, principalmente bonos soberanos; el 46,8% de préstamos de organismos financieros internacionales y organismos de gobierno; y el 3,5% de las inversiones en obras públicas que se llevan a cabo bajo la Ley N° 5074/2013 o ley “llave en mano”.
Crece el servicio de la deuda pública
A medida que crece la deuda, también se incrementa el servicio de la deuda o el pago que realiza el Estado en concepto de capital, intereses y comisiones por el dinero prestado.
En el primer trimestre se pagaron deudas por US$ 467,4 millones para cumplir con los organismos financieros internacionales y tenedores de bonos, de este monto US$ 419,5 millones corresponde a la administración central y US$ 47,9 millones a las entidades descentralizadas.
El pasado se pagaron en total más de US$ 1.000 millones, lo que representó un crecimiento del 8,5% con respecto a lo abonado en 2021, cuando el monto fue de US$ 934,3 millones.
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La amortización del capital de la deuda de la administración central se realiza con nuevas deudas, ya sea con nuevos préstamos o emisión de bonos, operación que se conoce comúnmente como “bicicleteo”.
Los intereses, sin embargo, que van creciendo en proporción al nivel de los compromisos se abona con recursos genuinos y en dólares, por lo que los analistas económicos ya señalaron como un foco de riesgo debido al aumento de las tasas de interés en el mercado.
Deudas de INC, Fondo Ganadero
A esto se suma que deudas que deberían pagar las entidades descentralizadas terminan a cargo de Hacienda, como el caso del Fondo Ganadero (FG) y la Industria Nacional del Cemento (INC), éste último que pidió la reestructuración de sus cuotas al no poder cumplir.
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También la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que al no poder pagar los US$ 200 millones que recibió de los fondos provenientes de la emisión de bonos soberanos en 2013 solicitó refinanciar, por lo que Hacienda recurrió a un nuevo préstamo del Banco Mundial para cubrir este compromiso.
La abultada deuda pública reduce el margen de maniobras que tendrá el nuevo gobierno del presidente electo, Santiago Peña (ANR-cartista), para realizar las inversiones en infraestructura que precisa el país.
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La Consultora MF Economía estima que en los próximo 7 años el país necesitará invertir unos US$ 34.812 millones para cerrar la brecha de infraestructura, por lo que deberá generar un nuevo sistema para que el sector privado invierta, ya que el Estado está llegando a su tope de endeudamiento.