Se reforzaron controles y exigencias en cooperativas tras caso San Cristóbal, asegura Incoop

El caso de la cooperativa San Cristóbal, una de las entidades más emblemáticas y con mayor cantidad de asociados en su momento, sacudió el sistema cooperativo nacional dejando entrever debilidades en los controles antilavado y fragilidades administrativas. La intervención del Incoop detectó en su momento millonarios créditos y fuera de los límites que fueron otorgados a allegados de quien fue el titular de la entidad en ese entonces y diputado nacional Juan Carlos Ozorio, imputado y preso, por los cargos de asociación criminal narcotráfico y lavado de dinero en el marco del operativo “A Ultranza”.

Según detalló Pedro Loblein, titular del Incoop, a más de un año de esa crisis que se desató en San Cristóbal y otras entidades, el ente regulador ha reforzado los controles y exigencias en cuanto a la presentación periódica de informes y las fiscalizaciones. Añadió que las propias entidades se muestran interesadas en cooperar y asesorarse para mejorar los sistemas preventivos.

“Se están haciendo las remisiones de informes y apenas cumple el mes ya estamos exigiendo el cumplimiento de los informes y dentro del proceso normal tenemos varias cooperativas que están siendo fiscalizadas en este momento no por problemas puntuales sino de manera preventiva”, apuntó Loblein.

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Impacto en el sistema

Loblein reconoció que la crisis en la Cooperativa San Cristóbal y otras entidades que se dieron durante el primer trimestre del año pasado, indiscutiblemente tuvo su impacto en el sistema cooperativo, lo cual se evidenció en un estancamiento de los ahorros en la primera parte del 2022.

Sin embargo, pasado los meses la situación fue estabilizándose y ya se observa un mejoramiento en los indicadores tanto de los depósitos de ahorros como en los créditos, según puntualizó, lo que sigue reflejando la fortaleza del sector cooperativo en el sistema financiero nacional.

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En vigilancia focalizada

Cabe mencionar que la entidad en cuestión se encuentra aún dentro de un proceso de vigilancia focalizada, donde se han establecido parámetros de mejoramiento en la gestión administrativa para la recuperación de créditos, disminución de la morosidad, entre otros.

Al término de la intervención, la entidad ya reportaba una tasa del 30% de morosidad en su cartera y actualmente esta tasa viene en aumento en 36%, muy por encima del promedio del sector cooperativo que ronda entre 8% y 9%. En cuanto a los créditos concedidos irregularmente por el Consejo de Administración, estos tienen una mora muy superior, por encima del 60%, según los detalles de la memoria de la cooperativa al cierre del 2022.

Millonaria pérdida

La Cooperativa San Cristóbal en el ejercicio 2022 tuvo una pérdida de G. 54.205 millones, que con los cargos diferidos de G. 79.203 millones suman un total de pérdidas de G. 133.405 millones, unos US$ 18,2 millones al cambio actual (7.220), según el balance aprobado en la reciente asamblea general, tras la cual quedó como nuevo presidente de la entidad Juan Guillermo Cantero.

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“El caso San Cristóbal y otros que ocurrieron el año pasado fue un momento muy difícil para el sector. Tuvimos que hacer todo el esfuerzo para estabilizar y para empezar el proceso de recuperación que se empezó a ver a partir del mes de julio”, afirmó Loblein, quien aseguró que el hecho les llevó a reflexionar y pensar en qué se pudo haber hecho para prevenir y ahora tomar las acciones correspondientes para que no se vuelvan a repetir.

Mayores deudores

El extitular del Incoop (2015-2019) Félix Jiménez Castro le debe a la Cooperativa San Cristóbal más de G. 1.719 millones y es el socio con mayor deuda en la entidad intervenida. Jiménez accedió a millonarios créditos estando en ejercicio en el órgano regulador y con atrasos significativos, luego accedió a una refinanciación irregular que está impaga desde el 2020. En la lista de mayores deudores también están el extitular de San Cristóbal Carlos Ozorio (G. 1.478 millones), Pedro Alberto Franco (G. 1.413 millones), Basilio Núñez, G. 1.020 millones.