Gobierno admite que hay déficit de 1.000 buses, pero no aplica la ley

Actualmente están habilitados para operar casi 2.600 buses en Asunción y el área metropolitana, sin embargo, solo un poco más 1.600 recorren las calles, por lo que se tiene un déficit de 1.000 colectivos, según confirmó ayer el viceministro de transporte, Óscar Stark, tras una reunión que mantuvo con referentes del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).

En este sentido, el alto funcionario confirmó que ni siquiera se llega a 1.885 buses, que es la cantidad mínima de colectivos que deberían de estar operando. El encuentro se realizó en la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y tras la reunión, los miembros de Cetrapam, liderado por César Ruiz Díaz, se “escaparon” sin dar explicaciones sobre las reguladas a la ciudadanía.

“Faltan como 220 colectivos para cumplir el mínimo y si se cumpliese el máximo faltarían unos 1.000 buses, porque son más o menos 2.550 los colectivos autorizados en el sistema. Sin embargo hay 1.665 nomás operativos actualmente y como mínimo, de acuerdo con la operación tiene que haber 1.885 buses”, enfatizó Stark.

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Asimismo, admitió que el sistema tiene problemas estructurales y que por eso funciona con un déficit de oferta sobre la demanda. “Faltan colectivos, por eso abrimos doce sumarios”, expresó.

Se ignora ley que castiga a empresas del transporte público

Sin embargo, el alto funcionario ignoró la vigencia de la Ley Nº 6789, “que cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público, infractoras de la ley”, que rige desde agosto de 2021, que incluso considera como un hecho punible cualquier amenaza de paro de los colectiveros y, además, castiga a las empresas que realicen reguladas.

En este sentido, la normativa establece que la empresa que deje de prestar sus servicios en forma regular y no lo regularice en un periodo de 24 horas, será cancelada y perderá su licencia, y su itinerario volverá a ser licitado. Sin embargo, esto no se aplica hasta la fecha, pese a que el Gobierno admite las reguladas.

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En este sentido, Stark señaló que hay una nueva ley que modifica los plazos administrativos de la Ley Nº 6789, por lo que siguen estudiando la implicancia del mismo en la reglamentación. “Esa ley no está reglamentada y estamos hablando con la Procuraduría para ver cómo abordar este tema, porque hay otra ley posterior a esa, que es la ley de procedimiento administrativo que establece plazos más largos y que deroga todo lo que está en contra de esa normativa. Entonces estamos trabajando con la Procuraduría para reglamentar esa ley”, expresó.

Deuda por subsidio es de G. 90.000 millones

Stark señaló que la deuda a los transportistas por el subsidio es de G. 90.000 millones y que de ese monto se pagará G. 30.000 millones en los próximos días, tras una reprogramación presupuestaria, que debe autorizarse vía decreto del Ejecutivo.

El viceministro también informó que un nuevo decreto, para pagar otros G. 30.000 millones, saldría en la segunda quincena de junio, según disponibilidad de Hacienda. Stark alegó que con estos pagos, los empresarios finalmente van a reparar los buses que están en los talleres para que vuelvan a circular.

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Asimismo, también reconoció que hay empresas que tienen más del mínimo de buses en su flota, pero que a algunos les faltan 40 buses, y se les abrió sumario porque no cumplen con la frecuencia.

Se excusó diciendo que desde el 2020 hay menos buses, porque la pandemia afectó. “Las empresas sufrieron por la pandemia, esa es una realidad, porque la gente dejó de moverse y cuando pudo hubo restricciones de cantidad de pasajeros que podían viajar”, expresó. Stark agregó que también se reunirán con dos gremios más, como Ucetrama y Fetram. Con Ucetrama se reuniría hoy y mañana con Fetram.