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La Ley N° 6789/21 no se limita a cancelar la licencia, el itinerario y el subsidio a las empresas del transporte público infractoras de la norma, ya que su art. 5° califica de “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos” que sus directivos, accionistas o representantes legales o gremiales “realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado, ya sea por cualquier medio”, pudiendo todo ciudadano denunciarlo ante el Ministerio Público. Pues bien, las autoridades se mostraron abiertas a dialogar con quienes no ocultan su propensión al chantaje, es decir, a entrar en negociaciones con un grupo dispuesto a delinquir si sus exigencias no son satisfechas.

César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam, señaló que el motivo del pedido que realizaron de postergar hasta mañana la reunión tripartita es la posibilidad de levantar el paro que habían anunciado para el próximo lunes, ante una nueva realidad.

Hoy, desde las 10.00, continuará el diálogo entre autoridades y representantes de Cetrapam con la intención de desactivar el paro del transporte público, que según anuncian comenzará este lunes 20 de mayo. La reunión tripartita quedó en cuarto intermedio la semana pasada.

Los miembros del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) ya recibieron G. 247.814 millones (que en dólares llega a 33,4 millones) en apenas 16 meses, como subsidio por parte del Estado. El gremio mantiene su postura de ir a un paro general, mientras la gente padece desde hace tiempo el pésimo servicio que se ofrece junto con las reguladas.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, confirmó ayer que hasta ahora el Ejecutivo no reglamentó la Ley Nº 6789, promulgada en el 2021, que castiga tanto la amenaza de paro como la regulada de los transportistas. De igual manera, Opama presentará denuncia penal, porque la normativa está vigente, aseguran.