22 de septiembre de 2026
Los pasajeros del transporte público se encuentran ante la posibilidad de enfrentar una situación que otra vez les va a afectar el bolsillo, ante la suba continuada de los combustibles. La Ley N° 7617/26, que fija un nuevo marco para la organización y el funcionamiento del sistema de transporte público en el área metropolitana de Asunción, fue promulgada en enero último supuestamente para poner fin al drama que enfrentan los usuarios, por culpa compartida del Viceministerio de Transporte y los empresarios del sector. En estos días se está escribiendo un nuevo pero reiterativo capítulo de una vieja historia que, en última instancia, gira en torno a los subsidios solventados por los contribuyentes de todo el país, es decir, incluso por quienes en su enorme mayoría no se ven forzados a valerse del pésimo servicio.

Un grupo de diputados planteó un proyecto de ley para eliminar la Ley Nº 4.027/2010 de pensiones graciables, que en en muchos de los casos se bastardeó, al ser otorgado con criterios de “amiguismo” o “clientelismo”. Según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), refieren que al año representan unos G. 4.686 millones. Alegan que se usa con fines políticos y se ha llegado a extremos de dar pensión a padre de un “narcopastor” implicado en A Ultranza.

El Viceministerio de Transporte informó ayer viernes inició el desembolso correspondiente al subsidio de abril para las empresas de transporte público. El pago se concreta tras los reclamos de Cetrapam por el retraso y las advertencias sobre la falta de previsibilidad financiera del sistema.

Cetrapam denunció que el Viceministerio de Transporte sigue sin pagar subsidios correspondientes a abril, unos US$ 4 millones, y acusó al Gobierno de incumplir los plazos de la normativa vigente. El gremio advirtió que esa situación compromete la sostenibilidad del servicio y que se reserva acciones administrativas y legales.
El eterno drama del transporte público de pasajeros en el área metropolitana tiene un nuevo episodio, como si las experiencias acumuladas a lo largo de los años aún no bastaran para agotar la paciencia de los usuarios y de la ciudadanía en general. A pocas semanas del último “paro” ilícito, ahora se ha llegado al colmo de que, según cierto documento interno del Viceministerio de Transporte, a cargo de Emiliano Fernández, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), dirigido por César Ruiz Diaz, le entrega datos de 2024 y no los de 2025 para ajustar la tarifa técnica; además, bloquearía la revisión de los precios de chasis y carrocerías, buscando imponer los de buses inexistentes en el mercado local. Ya es suficiente con lo que a diario padecen los pasajeros en los buses atestados o en las prolongadas esperas generadas con vileza , como para que, además, quienes pagan en impuestos termine, ilícitamente, en los bolsillos de sus desalmados verdugos. Es preciso poner fin a sus diarios infortunios, agravados durante las odiosas “reguladas”, aplicando la ley con todo rigor, como es debido.

Las prestaciones sociales constituyen transferencias en efectivo o en especie orientadas a proteger a la población frente a riesgos que afectan su bienestar, como la enfermedad, el desempleo o la vejez. Estos riesgos pueden incrementar las necesidades de gasto de los hogares o reducir sus ingresos, por lo que el Estado interviene mediante distintos mecanismos de apoyo. En Paraguay, estas transferencias se clasifican en tres grandes grupos.