El gasto salarial público aumentó 8,3 veces en 22 años, advierte Dende

El gasto total ejecutado para el financiamiento de los salarios públicos de la administración central aumentó 8,3 veces en 22 años, según un estudio que dio a conocer ayer la fundación Desarrollo en Democracia (Dende). Informa que el Estado es el principal empleador del país.

La fundación Dende sostiene que el manejo de la política salarial del sector público fue principalmente discrecional.
La fundación Dende sostiene que el manejo de la política salarial del sector público fue principalmente discrecional.Gustavo Machado ABC COLOR

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El análisis realizado por el “Observatorio del Gasto Público” de la fundación Desarrollo en Democracia (Dende), indica que uno de los desafíos es el control del crecimiento de los gastos salariales del sector público.

Añade que el gasto total ejecutado para el financiamiento de los salarios públicos de la administración central se incrementó 8,3 veces entre los años 2000 y 2022, si bien se observa una marcada diferencia en su ritmo de crecimiento a partir de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. “Por ende, es importante distinguir dos periodos: uno antes de la Ley de Responsabilidad Fiscal (2000/2013) durante el cual estos gastos crecieron 4,9 veces y que luego de esta normativa (2014-2022) fue de 1,7 veces”, señala.

Afirma que el Estado paraguayo se constituye como el principal empleador del país, dando puestos laborales en diversos sectores de la economía, con variados niveles de responsabilidad, por lo que considera importante conocer la forma en la que se organizan y financian los pagos de servicios personales.

El análisis explica que la evolución de los gastos totales de nómina presupuestados para la administración central, en el periodo 2000-2022, siguió una tendencia ascendente, con un promedio de 10,4% cada año.

Sostiene que el gasto presupuestado en nómina en el 2000 fue poco más de G. 2,46 billones, mientras que su valor ejecutado fue de G. 2,40 billones, incrementándose luego a G. 19,99 billones para el 2022, notándose así un incremento del 733% entre ambos valores ejecutados. “Por su parte, el porcentaje de ejecución registró un promedio de 96,5% para el periodo de años evaluado”, puntualiza.

Aclara que para análisis de estos valores se consideran todos los objetos de gasto del grupo 100, incluyendo los conceptos 114 y 163, de Aguinaldos, y 134, de aporte jubilatorio del empleador.

Aumentos superiores a la inflación

La entidad explica que analizando las variaciones se puede apreciar que en la mayoría de los casos los incrementos fueron superiores a la inflación del periodo anterior (por ejemplo, comparando la variación de salarios del 2013 con la inflación del 2012) y buscando una explicación se podría asumir que la variación respondería a la restitución del poder de compra de los ingresos de los funcionarios, así como al crecimiento vegetativo de los servicios públicos (en especial salud, educación y seguridad).

El informe indica que todos los organismos y entidades de la administración central también presentaron una propensión al incremento gradual por año. “Como es evidente, el Poder Ejecutivo es el organismo con mayor cantidad de gastos ejecutados en nómina, explicados por la cantidad de dependencias incluidas dentro de la misma, mientras que el Poder Judicial y el Poder Legislativo se ubicaron en el segundo y tercer lugar respectivamente”, añade.

El informe de Dende menciona que las entidades, por Poderes del Estado, que registraron la mayor tasa de variación relativa en porcentajes en el periodo 2013-2022 son las siguientes, en el Poder Legislativo: el Congreso tuvo una variación del 51%; mientras que en el Poder Ejecutivo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social registra una variación del 203%; el Ministerio del Interior 70%; el Ministerio de Educación y Ciencias, 68% y la Vicepresidencia de la República 67%. Por su parte, en el Poder Judicial, el Ministerio Público, 30%.

La entidad concluye que en base a esto, podría decirse que el manejo de la política salarial del sector público fue principalmente discrecional y no el producto de una política de mantenimiento del salario real, o de protección del poder de compra de los ingresos de los funcionarios públicos.

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