Contraloría culminará informe sobre fracasado acueducto en noviembre

Desde enero último la Contraloría General de la República (CGR) está realizando una fiscalización especial inmediata (FEI) a las obras del fracasado acueducto del Chaco, plan que viene ejecutando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desde el 2012 y por el que ya se invirtió más de US$ 100 millones. La construcción tardó más de 10 años, pero sigue sin funcionar hasta ahora, debido a que 203 km de cañerías instaladas desde Puerto Casado hasta Loma Plata no sirven.

El ente de control informó ayer a este diario que las observaciones preliminares ya fueron derivadas al MOPC, que tiene tiempo para responder hasta la próxima semana. De esta contestación dependerá si se levantan o no algunos de los puntos observados por la CGR, que todavía no se pueden dar a conocer, pues primero tienen que culminar estos procesos. El informe final estará en noviembre, señaló el organismo.

Mientras tanto, en contacto con ABC Cardinal, la ministra de Obras, Claudia Centurión, también admitió ayer que el acueducto nunca funcionó y que sólo operaba con constantes reparaciones de los tubos que reventaban.

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Ministra intenta minimizar problemas en tramo conflictivo que afecta a exministro Jiménez Gaona

Asimismo, la ministra resaltó que los responsables tienen que pagar las consecuencias de que el acueducto no funcione. Empero, también abrió el paraguas para “minimizar” los problemas de las cañerías que fueron compradas durante la administración del exministro Ramón Jiménez Gaona, pues dijo que se tienen más problemas en los primeros “100 km”.

Esto pese a que su viceministro de Obras, José Espinosa, ya confirmó el martes último que los 203 km de cañerías instalados desde Puerto Casado hasta Loma Plata no sirven.

“Los responsables de haber faltado a su deber en la ejecución de este primer tramo crítico, que realmente son los primeros 100 km, si bien los primeros 200 km tienen problemas, pero dónde se encuentra el inconveniente más importante se ubica en los primeros 100 km del acueducto, bueno, tendrán que responder”, expresó la ministra.

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En este sentido también señaló que la CGR intervino al respecto y que la cartera a su cargo ya inició una auditoría a la ejecución de la fracasada obra. “Los responsables de que esto no funcione tendrán que pagar las consecuencias”, expresó.

En total el acueducto tiene 530 km de cañerías instaladas desde Puerto Casado hasta Mariscal Estigarribia y varias comunidades. Sin embargo, el problema hoy se encuentra en los 203 km de tuberías instaladas desde la planta de tratamiento de Puerto Casado hasta Loma Plata, que no sirven. Justamente, las obras correspondientes a este tramo no fueron recepcionadas hasta hoy por el MOPC, justamente por la pésima situación de las cañerías.

Las obras del acueducto iniciaron el 2012 y desde ese momento tuvo retrasos, sobrecostos y hasta ahora sigue sin funcionar. Fue inaugurado el año pasado en medio de las fallas, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Los contratos cuestionados del acueducto

El tramo de 203 km del acueducto del Chaco que no sirve corresponde a los trabajos de instalación de tuberías y accesorios en el tramo Puerto Casado – Km. 101,4, que estuvieron a cargo del Consorcio PS, por G. 38.324.435.059, y la instalación de tuberías y accesorios en el tramo Km. 101,4-Loma Plata, a cargo del Consorcio ABH SA-Taivo SA-Constructa SA, por G. 35.867.836.342.

Las empresas mencionadas se encargaron de instalar las dudosas cañerías que fueron proveídas por Otek Argentina (ex Amitech), que vendió al MOPC los tubos del tramo 1 (Puerto Casado – Km. 101,4) por US$ 18.851.523 (contrato por Enrique Salyn Buzarquis en 2012) y para el tramo 2 (Km. 101,4-Loma Plata) por US$ 12.350.000, contrato firmado durante la gestión de Ramón Jiménez Gaona, que ahora la ministra señaló que no tiene tantos problemas como el caso del primer tramo.

Recordemos que la empresa Edra Saneamiento (Brasil) fue contratada inicialmente -también por Salyn Buzarquis- para proveer las cañerías del tramo 2, por US$ 7.905.065, pero su contrato fue rescindido en 2015, durante el Gobierno de Horacio Cartes, por lo que se volvió a adjudicar a Otek la compra de los tubos para este tramo.