El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó ayer que la institución sigue sin concretar la recepción definitiva de las tres cárceles que se construyeron en Emboscada (dos) y Minga Guazú (una), que siguen inservibles porque ni siquiera tienen agua potable, ni tampoco cuentan con equipamientos básicos.
Así confirmó ayer el viceministro de Obras del MOPC, José Espinosa, quien señaló que siguen corrigiendo “detallecitos” para poder recibir las obras. A su vez señaló que las conexiones de agua que está construyendo la ESSAP, para las prisiones de Emboscada, y la Itaipú Binacional, para la de Minga Guazú, siguen sin concluir.
Ante esta situación, solo algunos pabellones de máxima seguridad se están utilizando, principalmente para albergar a reos del clan Rotela, aseveró. Asimismo, dijo que en febrero y marzo estarían concluyendo los trabajos pendientes en ambas ciudades, los cuáles no se previeron en los contratos.
El Ministerio de Justicia (MJ), cuyo titular es Ángel Barchini, debe dotar de los demás equipamientos como colchones, cocinas, cámaras, etc., además de contratar al personal necesario para que las cárceles puedan operar.
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Cárceles del MOPC: millonaria inversión
La construcción de las penitenciarías fue adjudicada en junio de 2019 a tres consorcios y en tres lotes por G. 192.423 millones, pero este precio ya subió a G. 229.907 millones (US$ 31,9 millones), es decir, G. 37.484 millones más (US$ 5,2 millones.
A esto se deben sumar los reajustes de precios por el aumento de la cotización de los insumos y las tasas de interés por las demoras en los pagos por parte del MOPC a las contratistas, que suman otros G. 25.488 millones, según los datos publicados en el portal de Contrataciones Públicas.
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El lote 1 de Emboscada fue otorgado a la firma Aponte Latorre (representada por Osvaldo Aponte), el lote 2, también otro pabellón para Emboscada, está a cargo del Consorcio Cordillera, representado por Emilio Díaz de Vivar, e integrado por Edivi SA y Constructora Heisecke SA y el lote 3, la cárcel de Minga Guazú, fue adjudicado al Consorcio AGB - Tocsa SA (representado por Sara María Blanco de Dose).
Todos los contratos registraron siderales encarecimientos y el MOPC había informado en su momento que se agregaron más trabajos, como plantas de tratamiento cloacales, tanque superior e inferior, pozo profundo para la provisión de agua corriente, entre otras obras, pero las cárceles siguen sin agua potable.