No solo las costosas torres que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) construyó en el Puerto de Asunción para las oficinas de gobierno, por más de US$ 80 millones, siguen desocupadas actualmente por la falta de equipamientos, ya que en esta misma situación se encuentran las tres cárceles que dicha institución también erigió en Emboscada (dos) y Minga Guazú (una).
Las nuevas penitenciarías continúan inservibles hasta ahora, porque no tienen ni siquiera agua potable, de manera a que los reos de las sobrepobladas penitenciarías del país sean trasladados en estos complejos, cuyas construcciones culminaron en junio del año pasado.
El viceministro de Obras del MOPC, José Espinosa, señaló que las prisiones no tienen aún cámaras ni nada de equipamientos, porque la instalación de estos equipos no se previeron en los contratos que adjudicó Obras Públicas durante el Gobierno anterior. “Según el contrato original no fueron incluidos los sistemas de circuito cerrado ni equipamientos”, dijo.
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Asimismo, confirmó que las cárceles no tienen siquiera agua potable, porque los contratos tampoco incluyeron la provisión del vital líquido. En este sentido, indicó que la ESSAP está trabajando para proveer de agua a las instalaciones de Emboscada y que, en el caso de Minga Guazú, la Itaipú Binacional va a encarar esta tarea.
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Por otro lado, señaló que el Ministerio de Justicia (MJ), cuyo titular es Ángel Barchini, debe dotar de los demás equipamientos como colchones, cocinas, etc., además de contratar al personal necesario para que las cárceles puedan operar. En este sentido, aclaró que el MOPC realizó la recepción provisoria de las obras en junio del año pasado y que desde ese momento están trabajando de forma conjunta con el MJ para verificar los trabajos encarados.
Contratistas de la construcción de las cárceles
La construcción de estas penitenciarías fue adjudicada en junio de 2019 a tres consorcios y en tres lotes por G. 192.423 millones, pero este precio ya subió a G. 229.907 millones (US$ 31,9 millones), es decir, G. 37.484 más (US$ 5,2 millones. A esto se deben sumar los reajustes de precios por el aumento de la cotización de los insumos y las tasas de interés por las demoras en los pagos por parte del MOPC a las contratistas, que suman otros G. 25.488 millones, según los datos publicados en el portal de Contrataciones Públicas.
El lote 1 de Emboscada fue otorgado a la firma Aponte Latorre (representada por Osvaldo Aponte) y el monto del contrato original era de G. 62.324 millones, pero esta empresa terminará percibiendo G. 74.426 millones (encarecimiento del 20%) por obras que se agregaron. A esto hay que sumar otros G. 9.669 millones de reajuste de precios, por subas registradas en la cotización de los insumos, cuya fórmula de cálculo se incluyó en el contrato.
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El lote 2, también otro pabellón para Emboscada, está a cargo del Consorcio Cordillera, representado por Emilio Díaz de Vivar, e integrado por Edivi SA y Constructora Heisecke SA. Este lote se adjudicó al grupo mencionado por G. 62.299 millones, pero se le terminará desembolsando G. 74.263 millones (20% más) también por trabajos “extra” que se agregaron. A esto también hay que sumar un reajuste de más de G. 5.000 millones en concepto de intereses moratorios.
Por último, el lote 3, la cárcel de Minga Guazú, fue adjudicado al Consorcio AGB - Tocsa SA (representado por Sara María Blanco de Dose), por G. 67.799 millones, pero terminarán pagándole G. 81.218 millones (20% más), también por obras complementarias. A este aumento también hay que sumar otro reajuste de G. 10.802 millones por suba de los insumos.
Respecto al encarecimiento, el MOPC había informado en su momento que se agregaron más trabajos, como plantas de tratamiento cloacales, tanque superior e inferior, pozo profundo para la provisión de agua corriente, entre otras obras, pero las cárceles siguen sin agua potable.