El suministro, con NIS 1983885, que corresponde a la empresa Prosal S.A. y que se dedica a la actividad de criptominería, es la que realizaba la sustracción de energía eléctrica, según informó la ANDE.
Al momento de la verificación fue detectada una diferencia de carga no registrada por el medidor, en promedio, de 43 Amper por fase en Media Tensión, que equivale a una diferencia de carga total de 1.726 kW, que representa un daño patrimonial estimado de G. 567 millones por mes, derivado de la irregularidad detectada.
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El monto de referencia, además de los costos de la intervención y de la aplicación de la multa, según ley 966/64, deberán ser abonados por los responsables del robo de energía eléctrica, y que además se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 10 años, indicaron.
“El operativo fue posible gracias al sistema SCADA de Distribución, que permitió el análisis de carga en el alimentador que abastece la zona”, resaltaron.