La crisis desatada tras la caída de Ueno Bank también pone bajo la lupa los contratos que las empresas vinculadas al Grupo Vázquez mantienen con diferentes instituciones del Estado.
Un relevamiento de 157 procesos de contratación, correspondientes al período 2023-2026 y que excluyen las adjudicaciones en consorcio, identifica contratos por G. 287.630 millones a seis empresas vinculadas al grupo empresarial.
De ese total, casi el 87% corresponde a Technoma SAECA, que acumula contratos por G. 250.151 millones, según los datos proporcionados a ABC por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Tras el procedimiento de resolución de Ueno Bank, la crisis se extendió a otras empresas del conglomerado. En medio de este escenario, una de las principales interrogantes para el Estado es qué ocurrirá con los contratos que las empresas del grupo tienen adjudicados y, particularmente, con aquellos que todavía están en ejecución.
DNIT, BCP, MEF, Mitic y BNF entre los principales contratantes
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encabezan la lista de instituciones públicas que más contrataron a estas firmas, con adjudicaciones que, en conjunto, superan los G. 182.000 millones.
La DNIT encabeza el listado de instituciones públicas con mayor volumen de adjudicaciones a estas empresas. Registra G. 88.777 millones distribuidos en 21 procesos, todos a favor de Technoma SAECA.
En segundo lugar aparece el BCP, con G. 61.744 millones en 21 procesos. De ese monto, G. 59.618 millones corresponden a Technoma y G. 2.125 millones a ITTI SAE.
El MEF ocupa el tercer lugar, con G. 31.582 millones adjudicados en 13 procesos, también a Technoma.
La lista continúa con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), que registra G. 22.467 millones; el Banco Nacional de Fomento (BNF), con G. 19.603 millones; y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con G. 13.885 millones.
En el caso de BNF incluso pretendía adjudicar a Itti la adquisición, implementación y desarrollo del core bancario (ID 480.207), por G. 135.853 millones, pero el llamado cayó tras la resolución de Ueno Bank.
También aparecen la Corte Suprema de Justicia, con G. 10.393 millones, y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), con G. 7.243 millones.
La concentración de las adjudicaciones es significativa: las cinco primeras instituciones acumulan casi el 78% del monto total identificado en el relevamiento.
Technoma concentra las adjudicaciones
La empresa, Technoma SAECA es, por lejos, la principal beneficiaria de las contrataciones públicas incluidas en el registro, con G. 250.151 millones adjudicados.
Le sigue Itti SAE, con G. 27.719 millones, mientras que Ueno Seguros SA registra G. 6.009 millones. El listado se completa con Discover Paraguay SA, con G. 2.100 millones; Impresión, Distribución y Logística SA, con G. 1.000 millones; y Office Design SRL, con G. 649,8 millones.
Los procesos comprenden principalmente provisión de equipos informáticos y de comunicación, infraestructura tecnológica, licencias de software, mantenimiento, ampliaciones de servidores y servicios de seguridad informática.
En la DNIT, por ejemplo, figuran contrataciones para ampliación de servidores, renovación de licencias, infraestructura de centros de datos y sistemas de protección informática. En el BCP aparecen adquisiciones de equipos informáticos y de comunicación, suscripciones a licencias y servicios de mantenimiento de infraestructura tecnológica.
Cada institución decidirá si rescinde los contratos
Consultado sobre qué ocurrirá con los contratos vigentes tras la crisis del Grupo Vázquez, el director nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, descartó una rescisión generalizada y explicó que las instituciones contratantes deberán actuar en función de los incumplimientos que detecten.
Los contratos vigentes “podrían ir rescindiéndose a medida en que las Instituciones Convocantes vayan detectando incumplimiento”, señaló.
El procedimiento comienza con el administrador de cada contrato, quien debe identificar las faltas de la empresa adjudicada y comunicar la situación al titular de la institución. A partir de esa intervención se puede avanzar con la rescisión contractual y la ejecución de las garantías correspondientes.
De esta manera, la continuidad de los vínculos dependerá del control que ejerza cada organismo sobre sus proveedores. No existe, según explicó Encina, una cancelación automática de todos los contratos por la situación que atraviesa el grupo empresarial.
El impacto dependerá del avance de cada contrato
El titular de la DNCP explicó que el perjuicio para las instituciones públicas dependerá del grado de ejecución de cada compromiso. “Si están por culminarse, la afectación será mínima”, sostuvo.
En cambio, cuando se trate de contratos recientes o cuya ejecución todavía tenga un largo camino por delante, la institución deberá evaluar la rescisión y realizar una nueva convocatoria mediante el procedimiento ordinario de contratación pública.
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Encina mencionó también la posibilidad de recurrir a una contratación por excepción, aunque aclaró que esta alternativa solamente corresponde cuando exista una situación de urgencia que la justifique.
Garantías ante eventuales incumplimientos
Otro aspecto señalado por el director de Contrataciones Públicas es que las empresas adjudicadas deben presentar garantías contractuales, que pueden ser ejecutadas por la institución convocante en caso de incumplimiento.
Esa herramienta constituye el respaldo con el que cuenta el Estado ante una eventual falta de la firma proveedora. Sin embargo, su aplicación dependerá de que los administradores de los contratos identifiquen y documenten las irregularidades y de que las autoridades correspondientes actúen.