La subasta pública de la ANDE, que involucra 1.586 transformadores en desuso y no reutilizables por la institución, almacenados en los depósitos de San Lorenzo (Laurelty) y Cambyretá (Itapúa), es cuestionada por la falta de transparencia en la difusión de datos esenciales y por descalificaciones que los afectados consideran arbitrarias.
El conflicto se originó tras la publicación de un llamado a precalificación de oferentes el pasado 24 de octubre.
Según el denunciante, el aviso publicado en la prensa omitió información crítica, como la fecha, hora y lugar del remate, limitándose a solicitar documentos técnicos y ambientales de las empresas interesadas en pujar en la subasta.
Esta omisión habría impedido que potenciales interesados, incluso empresas extranjeras especializadas en reciclaje, pudieran planificar su participación, dejando el camino libre para un manejo discrecional de la información.
La situación alcanzó su punto crítico cuando, apenas 18 horas antes del acto de subasta, varios a oferentes notificaron su exclusión. Los motivos de descalificación son considerados por los afectados como excusas sin sustento legal.
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En un caso, la ANDE alegó supuestas inconsistencias en actas de retiro de equipos subastados anteriores, proceso del cual el afectado asegura nunca haber sido notificado ni sumariado.
En otro caso la estatal rechazó a una firma alegando que su licencia ambiental estaba vencida, a pesar de que la normativa vigente establece que, una vez presentada la auditoría de cumplimiento, en tiempo y forma, ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el documento mantiene su validez mientras la autoridad no se expida.
Subasta de ANDE: empresas estarían ligadas entre sí
De acuerdo con la denuncia, de un total de 14 empresas interesadas que presentaron sus carpetas, solo tres habrían quedado habilitadas para participar.
Hay fuertes sospechas de que estas firmas estarían vinculadas entre sí, que pertenecen supuestamente a un mismo entorno familiar o empresarial, hecho que anularía cualquier posibilidad de competencia real en el precio.
Al no existir puja, los lotes terminarían siendo adjudicados por el precio base, perjudicando los ingresos de la estatal, añadieron.
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Por su parte, el director de Servicios Administrativos de la ANDE, César Zena, al ser consultado sobre esta denuncia, respaldó el procedimiento a través de la Resolución P/N° 51043, firmada digitalmente por Tito Ronald Ocariz Krauer y refrendada por él mismo.
El documento oficial aprueba el informe de la Comisión Especial de Estudios y autoriza la venta en subasta pública de dos lotes de transformadores por un valor base total de G. 1.015.054.017 más IVA. El primer lote, ubicado en San Lorenzo, comprende 1.506 unidades, mientras que el segundo, en Cambyretá, cuenta con 80 equipos.
Desde la institución defienden las exigencias del pliego de bases y condiciones, que incluyen dos años de experiencia en el rubro y certificaciones de cumplimiento tributario y ambiental. Sin embargo, la denuncia también revela una situación alarmante sobre el estado de los equipos: muchos de los transformadores estarían “carneados”.
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Según el relato, funcionarios de la estatal supuestamente extraen el cobre y el aluminio —los materiales más valiosos— y luego vuelven a sellar las carcasas vacías, derramando aceites contaminantes en el proceso.
Esta no es la primera vez que un remate de este tipo termina en polémica. El año pasado, un proceso similar fue suspendido tras quejas de la Asociación de Rematadores del Paraguay por direccionamientos en la designación del subastador.
Ante este nuevo escenario, los denunciantes lamentan que la estatal recurra a notificaciones de última hora para evitar amparos judiciales, dejando bajo sospecha un negocio de más de mil millones de guaraníes.