El relato oficial del Gobierno de Santiago Peña sobre la “soberanía energética” y el flujo de recursos adicionales para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional vuelven a chocar este año con la realidad de los números.
En una reciente entrevista, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, detalló el estado de las transferencias hechas por la binacional en lo que va del 2025, dejando en evidencia que la estatal eléctrica no está recibiendo fondos de los gastos sociales para inversión en infraestructura, sino apenas lo justo para no evitar la quiebra técnica ante el aumento de la tarifa decidido en mayo de 2024.
Según explicó Sosa, Itaipú transfirió este año a la ANDE un monto de entre US$ 80 y US$ 83 millones. Sin embargo, este dinero no implica una inversión adicional en nuevas líneas de transmisión o en subestaciones, sino que corresponde estrictamente a la “diferencia tarifaria”. Es decir, es el monto que la binacional devuelve a la ANDE para compensar el aumento de la tarifa de US$ 16,71 a US$ 19,28 el kWmes que el Gobierno negoció con Brasil.
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En la práctica, la ANDE recibe ese dinero con una mano y lo devuelve a Itaipú con la otra para pagar la factura por la potencia contratada, la cual aumentó de 2.369 MW en 2024 a 2.605 MW en este 2025.
Situación de Itaipú y ANDE no es nueva
Esta situación no es nueva. Ya en 2024, tras el acuerdo firmado en mayo de ese año, el Gobierno celebró la obtención de unos US$ 650,9 millones anuales en concepto de “gastos sociales” o inversiones para el desarrollo. Enntonces, Santiago Peña aseguró que una parte de esos fondos se destinaría a la infraestructura energética.
No obstante, en el balance del año pasado, el Ing. Sosa admitió que la ANDE solo recibió US$ 73 millones para cubrir el diferencial tarifario y otros US$ 50 millones de un convenio preexistente.
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En este 2025, la cifra del convenio que culmina este año, incluso experimentó una reducción, situándose en US$ 40 millones, según admitió Sosa.
A pesar de que el titular de la ANDE se mostró optimista respecto a la negociación de un nuevo convenio para “seguir aportando a la industrialización”, lo cierto es que, hasta la fecha, no existe un documento firmado que garantice que los millonarios recursos de los gastos sociales de Itaipú dejarán de destinarse a proyectos de tinte proselitista o discrecional para enfocarse sobre el sector eléctrico.
Cabe recordar que el acuerdo con Brasil estipula que, a partir del 2027, se eliminarán los “gastos sociales” y los costos discrecionales de la tarifa de Itaipú. Si para entonces la ANDE no logra robustecer su infraestructura mediante las inversiones prometidas, el país llegará al fin de la tarifa inflada con un sistema eléctrico vulnerable y sin el “colchón” financiero que hoy tiene el gobierno de Peña.