La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) procedió ayer a la apertura de ofertas para la licitación Lp1952-25, destinada a la “Adquisición de cargadores rápidos como mínimo de 150 KW de potencia”. El proceso, que busca fortalecer la infraestructura de movilidad eléctrica en el país, atrajo a seis oferentes con propuestas que oscilan entre G. 8.750 millones, de Atenas Energía S.A., y G. 14.225 millones, de Kaizen Energy Soc. Anónima E.C.A.
En el medio están Importadora y Exportadora San Lorenzo S.A., con G. 9.957 millones; Comtel S.A., con G. 10.811 millones; Consorcio EV, con G. 11.050 millones, y Electropar S.A., con G. 12.031 millones.
Sin embargo, lo que parecía un trámite administrativo rutinario se convirtió en un campo de batalla legal y técnico. Las empresas Comtel S.A. y el Consorcio EV (integrado por Engineering S.A.E.C.A. y Gotze Ingeniería SA) lideraron una ofensiva de “observaciones” contra sus rivales, cuestionándoles desde la validez de las firmas digitales hasta el cumplimiento de normas internacionales de protección (IP55) de los equipos ofertados.
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Entre las observaciones más críticas, Comtel S.A. señaló que la oferta de Importadora y Exportadora San Lorenzo S.A. (segunda más barata) debería ser rechazada porque no cuenta con firma digital en documentos sustanciales y por proponer equipos que no cumplen con la gestión dinámica de potencia requerida.
Por su parte, el Consorcio EV atacó la propuesta de Atenas Energía S.A. (la más económica), alegando que sus cargadores solo cuentan con protección IP54, cuando el pliego exige IP55 para soportar las condiciones climáticas.
Atenas Energía SA (con la oferta más baja), por su parte, se defendió dejando constancia de que sus equipos cumplen con el 100% de los requisitos.