Pese a los fuertes cuestionamientos y a las movilizaciones protagonizadas por grupos de escribanos esta semana, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N.º 5305, que reglamenta la Ley N.º 7424/2025, mediante la cual se crea el Registro Unificado Nacional (RUN). La normativa, que entra en vigencia desde mañana, unifica en un solo organismo las funciones registrales y catastrales del Estado, en una de las reformas institucionales más profundas del sistema inmobiliario paraguayo.
La ley, promulgada en enero pasado, dispone la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos (dependiente de la Corte Suprema de Justicia), el Servicio Nacional de Catastro (MEF) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, hasta ahora bajo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El objetivo declarado es poner fin a la superposición de títulos, una problemática histórica que ha generado conflictos legales y pérdida de confianza en la propiedad privada.
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Reforma estructural
Desde el Ejecutivo, la creación del RUN es presentada como una reforma estructural necesaria para fortalecer la seguridad jurídica, transparentar la información y ordenar la delimitación de los derechos de propiedad, especialmente en un contexto en el que el país busca consolidar el grado de inversión obtenido recientemente.
El nuevo organismo funcionará como un ente técnico-administrativo bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, con atribuciones de contralor sobre el catastro nacional y los registros públicos de bienes y derechos. Sin embargo, la concentración de funciones y la complejidad del proceso despiertan dudas sobre la real capacidad del Estado para absorber y coordinar estas tareas sin afectar la prestación de los servicios.
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Puntos sensibles del decreto reglamentario
El Decreto N.º 5305 introduce cambios operativos de alto impacto. Entre ellos, la creación de un sistema de calificación de riesgo para agrimensores que presenten documentos ante el RUN, clasificándolos en canales verde, amarillo o rojo según su desempeño y la frecuencia de errores detectados. Aunque la medida apunta a elevar la calidad técnica, profesionales del sector advierten que podría derivar en discrecionalidad o trabas burocráticas adicionales.
Otro aspecto central es la conversión obligatoria de todas las medidas de inmuebles al sistema métrico decimal, dejando atrás unidades tradicionales como varas o leguas. A esto se suma el fortalecimiento de la Red Geodésica Nacional Activa, administrada por el Servicio Geográfico Militar, para mejorar la precisión de los datos catastrales.
Asimismo, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) asume un rol clave en la determinación del avalúo inmobiliario, base del impuesto inmobiliario que recaudan los municipios, lo que abre interrogantes sobre el impacto fiscal y la autonomía municipal.