La reciente oficialización de la Circular SGP Nº 03/2026, que prohíbe a los empleados de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) hablar con la prensa o difundir documentos técnicos, no es un hecho aislado ni casual. Es el perfeccionamiento de un sistema de blindaje que tiene rostros, nombres propios y, sobre todo, un costo altísimo para los paraguayos.
Para que el “bozal” administrativo firmado por el exdiputado Mario Cáceres sea efectivo, la EBY sostiene una costosa estructura de comunicación cuyo principal objetivo parece ser evitar que datos sensibles salgan a la luz. Al frente de su equipo de Asesoría de Comunicación Social se encuentran personas con remuneraciones que superan ampliamente la realidad económica del país, y se encargan de centralizar cada palabra que sale de la entidad.
El costo de “filtrar” la realidad
La dirección de Comunicación de la EBY está a cargo de Carlos Eduardo Bado Fretes, un funcionario que ingresó a la entidad el 16 de enero de 2014. Según la planilla de agosto de 2024, Bado Fretes es un ejemplo de la generosidad institucional con los leales: percibe un salario básico de G. 17.963.460, pero la cifra se dispara gracias a las bonificaciones, que suman G. 19.236.366. En total, Bado Fretes se embolsa mensualmente G. 37.199.826.
Lea más: En Yacyretá imponen “ley del silencio” a funcionarios y amenazan con sanciones
Resulta llamativo que sus bonificaciones sean superiores a su propio sueldo base, una práctica común en la “caja negra” para inflar ingresos de quienes custodian la narrativa oficial.
A su lado, en la Jefatura de Prensa, se encuentra Nancy Espínola Núñez, quien ingresó en octubre de 2018. Su remuneración es casi un calco de la de su superior: un salario de G. 24.821.150 más bonificaciones de G. 12.179.904, totalizando G. 37.001.054 al mes. Entre ambos, la EBY gasta más de 74 millones de guaraníes mensuales para mantener aceitado el mecanismo de control informativo.
Técnicos “mudos”
Este muro de contención construido por el equipo de prensa ha logrado amordazar incluso a los responsables técnicos de la central hidroeléctrica. Por ejemplo, el del actual jefe técnico, el Ing. Ronnie Javier Ayala, quien se ha convertido en una sombra esquiva para los cronistas del sector energético.
A diferencia de sus antecesores, Ayala se niega sistemáticamente a responder consultas en eventos públicos, escudándose siempre en la misma frase: “Hay que ir por los canales correspondientes”. Ese “canal”, convenientemente, es el despacho de Bado y Espínola, donde las preguntas mueren en la burocracia o se transforman en gacetillas edulcoradas.