La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), históricamente señalada como la “caja negra” de la política paraguaya, decidió dar un paso más hacia el oscurantismo absoluto. Con el pretexto de “resguardar la imagen institucional”, la dirección de la margen derecha emitió un documento que, en la práctica, funciona como un bozal administrativo para sus funcionarios, blindándose ante cualquier intento de fiscalización del manejo de sus recursos.
La Circular SGP N.º 03/2026, fechada el 10 de febrero último, establece un cerco antinformativo sin precedentes. El documento prohíbe taxativamente la difusión de cualquier tipo de documentación institucional —desde simples notas hasta reportes técnicos— a través de plataformas de mensajería, como WhatsApp, redes sociales o correos personales.
WhatsApp bajo vigilancia
El primer punto de la circular ataca directamente la vía por la cual, usualmente, la ciudadanía se entera de los escandalosos gastos discrecionales o de las contrataciones de “parientes”: los grupos de mensajería. La EBY advierte que queda “expresamente prohibida” la reproducción o envío de memorandos e informes a personas ajenas a la entidad sin autorización previa.
Esta medida no busca la eficiencia administrativa, sino evitar que la luz del sol se filtre hasta los despachos en los que se decide el destino de los multimillonarios fondos sociales que la binacional maneja fuera del Presupuesto General de la Nación. Al prohibir el uso de herramientas de comunicación, la EBY retrocede décadas en materia de transparencia para asegurar que nada “se escape” sin el filtro oficial.
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Prohibido hablar con la prensa
El segundo apartado de la circular es un ataque directo a la libertad de prensa. La orden es clara: ningún funcionario, jefe o responsable de área puede brindar entrevistas, opiniones o información técnica a periodistas o portales digitales sin la venia de la Asesoría de Comunicación Social.
El argumento utilizado es casi confesional: se busca evitar “la generación de alarmas innecesarias en la opinión pública”. Para la EBY, que la ciudadanía se entere de cómo se despilfarran sus recursos o de la ineficiencia en áreas operativas no es un derecho a la información, sino un mero intento de “alarmar” a la población, que debe ser apagada antes de que se propague.
Este blindaje antinformativo se da en un contexto en el que Yacyretá se resiste, sistemáticamente, a rendir cuentas claras ante la Contraloría General de la República, utilizando su carácter “binacional” como un escudo jurídico para evitar el control de los fondos que pertenecen al pueblo paraguayo.
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Los funcionarios que se atrevan a hablar, ya sea para denunciar irregularidades o compartir documentos que prueben el uso discrecional del dinero público, se exponen a sanciones y faltas administrativas.
Textualmente el documento señala que “la difusión indebida de documentación institucional o la emisión de declaraciones no autorizadas constituye una falta administrativa, da lugar a la aplicación de las responsabilidades y sanciones previstas en el Reglamento de Personal y demás disposiciones internas vigentes”.
Por tanto, instan a todos los funcionarios “a actuar con prudencia, responsabilidad y sentido institucional, canalizando toda consulta, información sensible o requerimiento periodístico exclusivamente a través de la Asesoría de Comunicación Social de la Entidad”.
El guardián del silencio gana G. 71 millones
Lo más irónico del documento es la firma que lo avala. El responsable de esta “ley mordaza” es el Abog. Mario Duilio Cáceres Agüero, actual Secretario General Paraguayo de la entidad. Cáceres es un conocido exdiputado colorado que ingresó a la EBY en agosto de 2018.
El costo de su “lealtad” institucional, según los registros de la propia entidad, son más de G. 71 millones mensuales. En diciembre de 2020, Cáceres ya percibía la astronómica suma de G. 71.159.944. Según la planilla de la EBY de agosto de 2024, su remuneración total trepó a G. 71.920.385.
El desglose de su sueldo es una burla a la realidad del trabajador promedio: mientras su salario básico es de G. 37.231.740, recibe otros G. 34.688.645 exclusivamente en concepto de bonificaciones y gratificaciones. Es decir, casi el 50% de sus ingresos provienen de premios y extras.