Persisten las inquietudes en el sector empresarial sobre el planteamiento del Ejecutivo de gravar utilidades de reserva en las empresas, estrategia en la que se respaldan algunas empresas, según indicaron con la intención de evitar el pago del Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU).
En esa línea, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, sentó postura y señaló a ABC que, aunque se valora toda iniciativa orientada a mejorar la transparencia y el ordenamiento del sistema tributario, no pueden acompañar medidas que, en el contexto actual, terminan desalineadas con la realidad económica y fiscal del país.
No dieron señales concretas
En esa línea, Duarte mencionó que desde la reforma tributaria del 2024 (Ley 2421/04), que tuvo como principal objetivo reducir el déficit fiscal, combatir la evasión y formalizar la economía. Añadió que, si bien el sector privado asumió la responsabilidad que ese marco le imponía, dijo que las distintas administraciones del Estado, hasta hoy no cumplieroncon la obligación que asumieron.
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Añadió que tampoco dieron señales concretas ni sostenidas de reducción del gasto público, que continúa, de acuerdo con Duarte, en niveles elevados y sin un programa creíble de corrección.
Una señal equivocada del Gobierno
“En este escenario, avanzar sobre las reservas empresariales, a nuestro mejor entender, genera una señal equivocada. En lugar de ordenar el Estado, vuelven una vez más a trasladar la carga sobre el sector formal”, apuntó.
Para el industrial, las reservas no son, ni deberían ser, un mecanismo de evasión, porque en la práctica son un capital de trabajo, de cobertura de riesgos y de previsión financiera ante un entorno volátil. Añadió que respaldan utilidades contables que aún no fueron efectivamente realizadas o percibidas.
Genera incertidumbre y afectará la inversión
“Modificar las reglas sobre este instrumento, en este momento no solo genera incertidumbre, sino que afecta directamente la capacidad de inversión, sostenimiento del empleo y ´de estabilidad de las empresas”, agregó.
Para el gremialista, en las condiciones actuales, generar nuevas reglas respecto a esta cuestión, claramente representará una presión adicional sobre el sector productivo formal. Esto se debe a que muchas empresas, especialmente pequeñas, vienen operando con márgenes ajustados, altos niveles de apalancamiento y, en numerosos casos, financiando la cadena de pagos incluso del propio Estado.
Las empresas, financiadoras involuntarias del sistema público
“Existen retrasos significativos en pagos a proveedores en sectores clave como infraestructura, salud y alimentación, lo que convierte a las empresas en financiadoras involuntarias del sistema público”, argumentó.
En este contexto, aseguró que las utilidades de reserva cumplen un rol crítico, “sostener la liquidez, cubrir contingencias y permitir la absorción de estos descalces financieros.” Avanzar sobre ellas, sin resolver previamente estos desequilibrios, “no corrige distorsiones sino las profundiza”. enfatizó.
En cuanto a si la medida responde a un intento de cubrir el déficit público o una regulación técnica, respondió que entienden que puede existir un planteamiento técnico coherente en la iniciativa. Sin embargo, en la práctica, este tipo de medidas vuelve a recaer casi exclusivamente sobre el mismo segmento: las empresas formales que cumplen”, justificó.
El gasto público: “No se abordó de manera seria”
En ese aspecto, el titular de la UIP recordó el contexto en el que está inmerso el país, y mencionó que no se abordó de manera seria la reducción del gasto público. Tampoco la reforma de la caja fiscal, que fue “claramente insuficiente y una decepción”, resaltó.
En ese punto cuestionó que el resultado logrado tenga un alto componente populista, generado en el sector legislativo, y esté más orientada a cumplir con exigencias de organismos multilaterales que resolver el problema estructural del déficit cubierto con impuestos genuinos. Sumó a ese contexto, los altos niveles de informalidad y contrabando y abuso de las finanzas públicas, que según indicó, “erosionan la base tributaria”, sin recibir la misma intensidad de control.
Exprimir al sector formal
“Buscar nuevamente exprimir al sector formal, sin dar señales claras de disciplina fiscal ni de mejora en la eficiencia del Estado, roza el abuso y termina siendo una forma de presión desproporcionada sobre quienes sostienen la economía real. “Se castiga, en definitiva, a quienes todos los días invierten, generan empleo y apuestan por la formalidad”, advirtió.
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Dijo finalmente que desde la UIP están a disposición para un diálogo técnico, serio y constructivo. Sin embargo, creen que el orden de prioridades debe ser claro: reducir y hacer eficiente el gasto público, luego normalizar la cadena de pagos, incluyendo las obligaciones del Estado y por último, combatir la informalidad y el contrabando. Para luego, avanzar en intensiones de ajustes regulatorios.
“Corregir distorsiones sin asfixiar al sector productivo”
“El desafío no es menor; corregir distorsiones sin asfixiar al sector productivo, sin equilibrio fiscal y sin señales claras desde la administración del Estado, cualquier intento de avanzar sobre las reservas empresariales no será percibido como una mejora técnica, sino como una nueva carga sobre los mismos de siempre”, concluyó.