La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) proyecta un nuevo salto financiero para el cierre del ejercicio 2026. El presidente de la institución, Ing. Félix Sosa, estimó que los ingresos provenientes exclusivamente del sector de la criptominería alcanzarán los 350 millones de dólares este año.
Esta cifra representa un crecimiento sostenido, en este caso del 18,64% si se compara con los 295 millones de dólares confirmados en 2025, y triplica los 100 millones de dólares que el rubro generó en 2024.
Este incremento en la recaudación ocurre en un escenario de transformación para el sector. Según los registros oficiales de la estatal, la base de clientes legales del Grupo de Consumo Intensivo Especial (GCIE) sufrió una caída del 42% en el último año. De los 71 operadores registrados a principios de 2025, la nómina se redujo drásticamente a solo 41 suministros activos en 2026.
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Esta deserción masiva afectó principalmente a los pequeños mineros y personas físicas, quienes abandonaron el sistema legal tras los ajustes tarifarios que restaron competitividad a las conexiones en media tensión.
Sin embargo, la salida de los pequeños operadores no mermó la demanda energética global ni los ingresos de la ANDE, debido a que los “gigantes” del sector mantienen un consumo creciente. Estos 41 clientes remanentes demandan hoy una potencia reservada total de 943,8 MW,cifra que representa cerca del 13,5% de los 7,000 MW de Itaipú que legalmente pertenecen al Paraguay.
El peso de la industria es tal que solo cuatro empresas —Cademot S.A., Zuns S.A., Muiden S.A. y W3X S.A.— consumen juntas 730 MW, superando la capacidad de generación de una turbina completa de la binacional (700 MW).).
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Los departamentos de Central, Alto Paraná y Cordillera concentran el 73% de los suministros, destacándose la planta de Cademot S.A. en Itacurubí de la Cordillera, que lidera el ranking nacional con una reserva de 300.000 kW. Estas firmas operan mayoritariamente en Muy Alta Tensión (220 kV), requiriendo instalaciones especializadas para no comprometer la estabilidad del sistema que abastece al usuario residencial.
Cabe recordar que todos los contratos vigentes con el sector de criptominería tienen como fecha de vencimiento improrrogable el 31 de diciembre de 2027. La empresa estatal planea recuperar esa energía para asegurar el suministro del consumo interno y la industria tradicional, ante las proyecciones que vaticinan el agotamiento de la energía excedente en los próximos años.