El 22 de junio de 1966, los entonces ministros de Relaciones Exteriores, el paraguayo Raúl Sapena Pastor y el brasileño Juracy de Magalhães, suscribieron la declaración conjunta en territorio brasileño tras intensas negociaciones bilaterales. El objetivo primordial de la época, según la binacional, era subsanar las profundas discrepancias territoriales en la zona de los saltos del Guairá y encauzar las relaciones bajo un espíritu de cooperación mutua.
Los cancilleres de aquel entonces manifestaron en el acta el “vivo deseo de superar, dentro de un mismo espíritu de buena voluntad y de concordia, cualesquiera dificultades o problemas, encontrándoles soluciones compatibles con los intereses de ambas naciones”. Fue así como se dispuso el estudio conjunto de los recursos hidráulicos del río Paraná.
Ese acuerdo fue el punto de partida técnico y político para que siete años después, en 1973, se ratificara el Tratado de Itaipú. Posteriormente, el 17 de mayo de 1974, nació oficialmente la Entidad Binacional Itaipú, iniciando las obras de la represa en enero de 1975, transformándose con el tiempo en la mayor productora acumulada de energía limpia del planeta.
Seis décadas de asimetría
Pese al tono festivo y protocolar de los comunicados oficiales, los 60 años del acta también exponen la histórica deuda del Brasil con las legítimas aspiraciones paraguayas. A lo largo de la historia de la binacional, Paraguay ha denunciado sistemáticamente las condiciones impuestas en la práctica, especialmente en lo relativo al precio pagado por la cesión del excedente energético que nuestro país no consume.
Las restricciones del Tratado impidieron históricamente que el Estado paraguayo pudiera vender su excedente energético a terceros mercados a precios competitivos de mercado, obligándolo a entregarla a su socio a valores de costo que apenas se ajustaron con las “compensaciones”. Esta situación privó al país de millonarios recursos que pudieron transformar su infraestructura eléctrica nacional.
Si bien el Acta de Yguazú consagró el principio del “condominio” y el beneficio mutuo, la realidad de la administración de los recursos estatales de Itaipú sigue estando en el ojo de la tormenta pública paraguaya. Hoy, con la deuda de construcción totalmente saldada, el debate exige firmeza en la postergada revisión del Anexo C y los términos de comercialización.