El eje del cuestionamiento radica en el beneficio tarifario que pretende la multinacional Atome. Según los documentos técnicos, Atome PLC busca contratar 120 MW de la ANDE bajo un esquema de tarifa subsidiada. El Ing. Ricardo Canese calificó la operación directamente como un perjuicio desmedido de los recursos del Estado.
“Entregarle a Atome PLC energía a una tarifa de tan sólo US$ 30 por MWh equivale a un subsidio de US$ 107 por MWh“, explicó el especialista. Detalló que, calculando todos los costos operativos, de transmisión y la rentabilidad del 8% que exige la carta orgánica de la estatal, la tarifa técnica real no debería bajar de los US$ 137 por MWh.
Para una potencia del tenor que solicita la firma extranjera, el beneficio representa un despojo anual de US$ 107 millones. Al término de los 15 años establecidos en el contrato, el subsidio total trepará a la astronómica cifra de US$ 1.605 millones, un bache financiero que terminará siendo costeado por los contribuyentes locales.
Lea más: Se filtra rechazo de la ANDE a Atome y desata fuerte malestar en plena negociación de tarifas
El mito del hidrógeno “verde”
Recuerda que desde una parte del Poder Ejecutivo e instituciones alineadas al proyecto defienden la iniciativa bajo la bandera de la sustentabilidad. Sin embargo, el también exparlasuriano desmintió tajantemente este rótulo y argumentó que los mercados europeos pagan el doble por el hidrógeno efectivamente limpio, lo que despierta el apuro del Gobierno por declararlo “verde” de forma fraudulenta.
“Para ser técnicamente verde, el hidrógeno debe producirse exclusivamente con energías renovables. Al consumir energía de la ANDE, el Paraguay exportará menos energía hidroeléctrica y se quemarán más combustibles fósiles en la región", explicó Canese.
Agregó que datos de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) confirman que Brasil y Argentina producen anualmente más de 170.000 GWh a partir de fuentes fósiles, por lo que el consumo local de Atome solo incrementará la quema de gas o petróleo en los países vecinos.
Lea más: Atome: advierten que si la ANDE no aprueba tarifa pactada, cae el proyecto de US$ 665 millones
A este escenario regional se suma la alarmante velocidad con la que Paraguay consume su propio superávit energético. La demanda eléctrica nacional registró un crecimiento del 14,4% anual entre 2022 y 2025. Con este ritmo, “ya en el primer trimestre del 2028 el Paraguay deberá generar o importar energía a partir de fuentes fósiles", alertó el experto, responsabilizando directamente a las industrias electrointensivas de acelerar el fin de la soberanía energética.
Cero empleo y falacias de mercado
Otro de los argumentos oficiales derribados por el análisis técnico de Canese es la supuesta creación masiva de puestos de trabajo. Cruzando promedios de la industria a nivel global, una planta de electrólisis de 100 MW genera apenas entre 30 y 60 empleos directos; es decir, un paupérrimo promedio de 0,6 empleos por cada MW concedido.
“Las empresas no electrointensivas, que siempre estuvieron y están en el país, generan 685 empleos por MW“, contrastó Canese, demostrando que el modelo productivo tradicional rinde 1.141 veces más mano de obra por la misma energía que se le pretende regalar a la multinacional británica.
Lea más: ANDE: costo de generación subirá a US$ 50, que hará inviable la tarifa fija que pide Atome
El especialista también calificó de “falacia” el argumento de que el complejo reactivará la producción local de fertilizantes, señalando que para ese fin es técnica y económicamente más viable importar gas natural directamente. “Si se quiere producir fertilizantes, bien se puede importar gas natural (CH4), mucho más apropiado que el hidrógeno (H2) para producir fertilizantes, o nafta, como ya se importa. No hace falta producir hidrógeno por electrólisis del agua para producir fertilizantes nitrogenados”, aseguró.
El también excoordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos apuntó a las responsabilidades políticas de la entrega del patrimonio energético, haciendo mención a las normativas de favor como el Decreto N.° 5.861/2026, que finalmente fue anulado “¿Hay una persona racional y honesta que podría avalar semejante robo al Estado, es decir, a todos nosotros, que luego pagaremos más impuestos o una mayor tarifa eléctrica?”, cuestionó.