11 de octubre de 2026

El exviceministro de Minas y Energía, Ing. Ricardo Canese, advirtió que Paraguay no exige autogeneración a los data centers y otras electrointensivas -que ya contratan 1.300 MW a la ANDE- como sí hace Argentina. Según su análisis, la hidroelectricidad podría faltar en 2030, o antes, y el país se endeudaría unos US$ 20.000 millones.


El proyecto de Ley del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía, presentado recientemente por el Poder Ejecutivo al Congreso, generó fuertes cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales que advierten que la iniciativa habilitaría la privatización encubierta de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La inauguración de la central de ciclo combinado (turbina a vapor y a gas) en Río de Janeiro, en base a gas natural (GN), de alto costo, con capacidad para producir 1.673 MW (equivalente a más de 2 unidades generadoras de Itaipú), nos vuelve a la realidad de que la energía paraguaya de Itaipú evita que el Brasil queme más gas natural de alto costo, sostiene el exparlasuriano, Ing. Ricardo Canese.
Las campañas ciudadanas Itaipú Causa Nacional, Itaipú también es Soberanía/PPP y Sociedad y Desarrollo presentaron ayer una nueva denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR), exigiendo que el órgano cumpla con el Artículo 283 de la Constitución Nacional y audite de forma completa a Itaipú a través de su administradora paraguaya, la ANDE.

En el sistema eléctrico de la región, que comprende Argentina, Brasil y Uruguay, Paraguay, se posiciona como un exportador neto de energía hidroeléctrica proveniente de las represas de Itaipú y Yacyretá. Sin embargo, según el Ing. Ricardo Canese, el país no recibe una compensación acorde al valor de la energía fósil que los países vecinos dejan de consumir gracias a esta generación hidroeléctrica.

El exparlasuriano, ingeniero Ricardo Canese, quien ganó una demanda contra el Estado por atentar contra su libertad de pensamiento, indicó que el reciente dictamen emitido por la CIDH en el caso Aldo Zucolillo llegó en un momento en donde es “evidente el retroceso en cuanto a libertades públicas”.