La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, fue convocada al Congreso para responder a los cuestionamientos del senador Ever Villalba, quien denunció que 20 licitaciones adjudicadas durante los últimos dos años terminaron por encima de los precios de referencia, con diferencias incluso de hasta 81%.
El legislador estimó que las sobrefacturaciones alcanza los US$ 157 millones. La titular del MOPC rechazó que se trate de sobrefacturación y defendió los procesos de evaluación y adjudicación.
El tema fue tratado esta mañana durante una reunión de la mesa directiva del Senado con líderes y vicelíderes de bancada, encabezada por el presidente de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez.
Villalba expuso una revisión de licitaciones y adjudicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) correspondientes a un periodo de dos años y puso el foco en los casos en que las ofertas adjudicadas superaron considerablemente los precios referenciales establecidos por la institución.
Según el senador, en los 20 procesos analizados detectaron diferencias de 81%, 65% y 49% respecto de los precios de referencia. De acuerdo con sus cálculos, estas variaciones representan unos US$ 157 millones por encima de lo que inicialmente se había estimado para la institución e instó a la ministra a revisar el trabajo de los técnicos que realizan las estimaciones de los precios de las licitaciones (ver la presentación de las obras cuestionadas por Villalba).
Sobrefacturación: una obra adjudicada con 81% sobre el precio de referencia
Uno de los casos que presentó Villalba corresponde a una licitación para el mejoramiento vial del tramo Yby Pytá – Ybyrarobaná. De acuerdo con los datos mencionados por el legislador, el propio MOPC había estimado el costo de la obra en unos G. 24.000 millones.
Sin embargo, durante la licitación se presentaron cuatro oferentes. Villalba señaló que una de las empresas ofertó un monto cercano al precio referencial, de aproximadamente G. 25.000 millones, mientras que otras propuestas llegaron a unos G. 44.000 millones, G. 45.000 millones y G. 48.000 millones.
El cuestionamiento del senador apunta a que la oferta más baja fue descalificada y finalmente se adjudicó el contrato a otra empresa por un monto que, según su exposición, representaba una diferencia de alrededor del 81% respecto del precio referencial.
Villalba cuestionó qué prestación adicional recibió el Estado para justificar esa diferencia y pidió explicaciones sobre la descalificación de la propuesta de menor costo.
El legislador sostuvo además que, según el expediente de la licitación y el dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), la empresa que presentó la oferta más baja cumplía los requisitos técnicos y financieros. La observación que mencionó estaba relacionada con la documentación de una barredora, considerada no sustancial, según su exposición.
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“¿El Estado pagó alrededor de veinte mil millones más por el solo hecho de no contar la oferente en ese momento con una barredora?”, cuestionó Villalba, al plantear el caso como ejemplo de los procesos que requieren explicación.
Centurión niega sobrefacturación
La ministra Claudia Centurión respondió que el criterio para adjudicar una obra pública no es simplemente el precio referencial, sino la oferta que cumpla con los requisitos establecidos y garantice las mejores condiciones para el Estado.
Explicó que en los procesos interviene un Comité de Evaluación de Ofertas integrado por autoridades y directores del MOPC y que, además, una parte importante de la cartera de obras cuenta con financiamiento de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que intervienen en diferentes etapas de los proyectos.
Centurión defendió especialmente los resultados generales de las licitaciones y sostuvo que de los 121 contratos licitados durante su gestión, la mayoría avanzó sin protestas y que los procesos cuentan con mecanismos de revisión y participación de los oferentes.
También afirmó que el promedio de las adjudicaciones se encuentra apenas por encima de los precios de referencia.
Según explicó posteriormente a la prensa, el MOPC adjudicó contratos por unos US$ 1.950 millones, frente a aproximadamente US$ 1.800 millones correspondientes a los precios referenciales, lo que representa una variación cercana al 7,9%.
“De cada cien guaraníes que ha sido destinado a obra pública, solo ocho guaraníes están por encima del precio de referencia”, sostuvo.
Centurión rechazó categóricamente que estas diferencias puedan calificarse como sobrefacturación y aseguró que cada adjudicación por encima del precio referencial fue analizada y justificada por los equipos técnicos del ministerio.
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La diferencia entre precio referencial y adjudicación
Villalba consideró que diferencias de hasta 81% requieren una explicación, especialmente cuando existen oferentes que presentaron propuestas considerablemente más bajas. Su planteamiento apunta a determinar si el Estado recibió alguna contraprestación adicional que justifique pagar montos muy superiores a los estimados inicialmente.
La ministra, en cambio, sostiene que el precio referencial no constituye un límite para la adjudicación y que la normativa establece otros criterios que deben ser considerados por los comités de evaluación.
La controversia, por tanto, no se limita a cuánto se paga finalmente por una obra, sino a cómo se justifican las diferencias entre el costo estimado por el propio Estado y el monto por el cual termina adjudicándose un contrato.
“No hay sobrefacturación”, insiste la ministra
Al término de la reunión, Centurión volvió a rechazar la acusación ante los medios de prensa y afirmó que los procesos son “claros, competitivos y robustos”.
“Cada uno de esos está perfectamente analizado y justificado”, afirmó en referencia a los contratos adjudicados por encima del precio de referencia.
La ministra también señaló que las obras públicas incluyen costos asociados al diseño, fiscalización y supervisión, y que estos componentes forman parte de los presupuestos de los proyectos. Según explicó, los costos de fiscalización pueden representar entre 3% y 5% del costo de la obra, mientras que la supervisión puede llegar hasta el 8%, dependiendo del proyecto.
Sin embargo, el cuestionamiento planteado por Villalba se concentra en las diferencias entre las ofertas presentadas y los precios referenciales, particularmente en aquellos procesos donde la propuesta económicamente más baja fue descalificada y el contrato terminó adjudicado por un monto sustancialmente mayor.
Villalba señaló que seguirán profundizando las razones de las descalificaciones, los criterios utilizados por los comités de evaluación y la justificación técnica y económica de las diferencias entre los precios referenciales y los montos finalmente adjudicados.