Las diferencias internacionales son amplias. Singapur encabeza la clasificación con un ahorro estimado de US$ 1,1 millones, seguido por Islandia con US$ 893.000, Suiza con US$ 859.000 y Luxemburgo con US$ 794.000. Estados Unidos aparece después con aproximadamente US$ 738.000. Irlanda requiere unos US$ 702.000; Emiratos Árabes Unidos, US$ 684.000; Países Bajos, US$ 663.000; Israel, US$ 642.000 y Reino Unido, US$ 627.000. En el extremo opuesto, entre los países evaluados con menores requerimientos figuran India con US$ 189.000 y Pakistán con US$ 187.000.
Estas cifras muestran hasta qué punto el costo de vida puede modificar el rendimiento real de los ahorros acumulados durante décadas. También revelan que planificar el retiro exige considerar variables que van más allá del monto nominal disponible. La inflación deteriora el poder adquisitivo, las variaciones cambiarias modifican el costo de vivir en otro país y una mayor longevidad obliga a financiar un período más extenso sin ingresos laborales.
La encuesta de inversionistas individuales de Natixis citada por Bloomberg Línea muestra esta preocupación. El 66% de los inversionistas consultados declaró que los mayores costos cotidianos redujeron su capacidad de ahorro, mientras el 69% considera que la inflación disminuyó el valor futuro de sus fondos para la jubilación.
Además, el 25% teme no alcanzar nunca un ahorro suficiente y el 78% reconoce que financiar el retiro depende cada vez más de sus propios recursos.
América Latina: menor costo, pero mayores desafíos previsionales
Dentro de América Latina y el Caribe, Costa Rica presenta el mayor capital requerido para este ejercicio: US$ 556.000, cifra que incluso la ubica entre los 20 países más costosos de la clasificación mundial.
El economista costarricense Daniel Ortiz atribuye esta posición al elevado costo de la vivienda en determinadas zonas, además de alimentos, transporte, electricidad, servicios y bienes importados.
También destaca el riesgo cambiario: una apreciación del colón reduce el poder de compra de quienes reciben ingresos o pensiones en dólares. Pese a ello, el monto estimado para Costa Rica resulta casi 25% inferior al requerido en Estados Unidos.
Después aparecen Uruguay con US$ 451.000; Trinidad y Tobago, US$ 427.000; México, US$ 356.000; Argentina, US$ 347.000; República Dominicana, US$ 339.000; Chile, US$ 338.000; Perú, US$ 305.000; Venezuela, US$ 296.000; Ecuador, US$ 281.000; Colombia, US$ 279.000; y Brasil, US$ 268.000.
Sin embargo, el menor costo relativo de jubilarse en varios países latinoamericanos no implica necesariamente mayor seguridad económica durante la vejez. La región enfrenta una dificultad estructural adicional: una elevada proporción de trabajadores desarrolla su actividad fuera de los sistemas formales de empleo y, por tanto, presenta trayectorias contributivas incompletas o directamente inexistentes.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que la elevada informalidad limita la cobertura previsional y aumenta la presión sobre los sistemas no contributivos financiados por los Estados. El promedio regional de cotizantes activos representa alrededor del 47% del total de ocupados, aunque existen diferencias importantes. Uruguay, Chile y Costa Rica superan el 60%, Perú se encuentra en torno al 29%, mientras Paraguay y Bolivia presentan niveles todavía inferiores.
A este problema se suma la transformación demográfica. La OIT proyecta que hacia 2060 América Latina y el Caribe tendrá cerca de 220 millones de personas mayores, casi el 30% de la población regional. La relación de dependencia pasaría de unas 15 personas mayores por cada 100 habitantes en edad de trabajar a aproximadamente 40. Esto plantea un desafío simultáneo de cobertura, suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad financiera.
Paraguay y el costo de permanecer fuera de la formalidad
Aunque Paraguay no aparece en la comparación internacional sobre el capital requerido para jubilarse, sus indicadores laborales permiten dimensionar un problema directamente relacionado.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la ocupación informal no agropecuaria alcanzó el 60,1% en 2025, equivalente a 1.663.276 personas. Por diferencia, el nivel de formalidad dentro de esta medición se ubica alrededor del 39,9%.
La definición utilizada por el INE permite entender la relación con el sistema previsional. Un trabajador dependiente es considerado informal cuando no aporta a un sistema de jubilación o pensión, mientras que para los trabajadores independientes se considera su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Por tanto, la informalidad no constituye únicamente una categoría estadística: condiciona la capacidad de construir derechos previsionales durante la vida laboral.
Para la persona, una trayectoria prolongada fuera de la formalidad aumenta el riesgo de llegar a la vejez sin ingresos contributivos suficientes y eleva la dependencia del ahorro propio, del apoyo familiar o de las transferencias públicas.
También reduce la cobertura frente a contingencias como invalidez y sobrevivencia, dimensiones que forman parte de los sistemas de protección previsional. La vulnerabilidad es especialmente relevante entre trabajadores con menores ingresos: en Paraguay, el 79,8% de quienes ganaban menos de un salario mínimo estaba en una ocupación informal en 2025.
No obstante, existen ciertas señales de avance. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) reportó un récord de 818.761 trabajadores cotizantes al IPS al cierre de 2025 con más de 111.000 nuevos empleos formales en dos años y más de 58.000 incorporaciones durante 2025. El país también puso en marcha la Estrategia Integrada de Formalización del Empleo 2025-2028.
El impacto también alcanza al estado. Una menor base contributiva limita los recursos que ingresan a los sistemas de seguridad social y, al mismo tiempo, aumenta la necesidad de mecanismos financiados con impuestos para proteger a quienes llegan a la vejez sin cobertura suficiente. La OIT identifica precisamente este efecto como una de las consecuencias fiscales de la informalidad.
Paraguay ofrece una dimensión concreta de ese desafío. El Presupuesto General de la Nación 2026 destinó G. 3,2 billones (alrededor de US$ 500 millones) al programa de pensión para adultos mayores, con una meta de 370.000 beneficiarios.
Esto no significa que el gasto social tenga su origen exclusivamente en la informalidad. Sí muestra que, a medida que aumenta la población adulta mayor, ampliar el empleo formal y las contribuciones previsionales adquieren una dimensión económica y fiscal cada vez mayor. Para los trabajadores significa construir ingresos y protección para la vejez; para el estado, ampliar la base contributiva y reducir la presión futura sobre mecanismos asistenciales.
El debate sobre cuánto dinero se necesita para jubilarse cómodamente, por tanto, adquiere una dimensión diferente en América Latina. Antes de discutir si una persona necesitará US$ 300.000, US$ 500.000 o más para sostener su retiro, una parte importante de la región enfrenta una pregunta más básica: cuántos trabajadores lograrán llegar a la edad de jubilación después de una vida laboral con aportes suficientes.
En países con elevada informalidad como Paraguay, la formalización del empleo constituye también una política de ahorro previsional, protección social y sostenibilidad fiscal de largo plazo.
Advertencia de la OIT
La OIT advierte que la elevada informalidad limita la cobertura previsional y aumenta la presión sobre los sistemas no contributivos financiados por los estados.