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En 2019 entró en vigor una ley “que declara en situación de emergencia a las comunidades indígenas que conforman los diecinueve pueblos diseminados en varios departamentos del territorio nacional”, como si solo entonces hubieran estado sumidas en la miseria y en el abandono. Lo estuvieron desde antes y lo siguen estando hoy, por culpa de los sucesivos gobiernos que han hecho del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) una de las tantas entidades que están más bien al servicio de sus propios funcionarios corruptos, ineptos e indolentes. Por eso, los casi 120.000 aborígenes se hallan en un estado de emergencia permanente, a la que el año pasado se sumó la urgencia sanitaria. La pobreza del 66% de la población indígena, reflejada en la falta de agua, de alimentos, de viviendas y de acceso a la salud y a la educación públicas, provoca unas condiciones de vida indignas, infrahumanas, que no conmueven en absoluto a los responsables gubernativos.
En 1981 se promulgó el “estatuto de las comunidades indígenas” para defender su patrimonio y tradiciones, mejorar sus condiciones económicas, alentar su participación en el desarrollo nacional y garantizarles la propiedad de la tierra y de otros recursos productivos. Pura hipocresía: esos nobles objetivos están muy lejos de haber sido logrados al cabo de cuarenta años, pues el Indi se limita a tomar medidas asistencialistas de muy corto alcance buscando establecer una cortina de humo ante la gravedad del caso. Lo único que pretende es sacarse de encima a los quejosos, entregándoles provisiones que luego son reclamadas una y otra vez, como lo sabe el célebre clan Domínguez que sabe sacar partido de la situación. La última hazaña capitalina de este “cacique” consistió en cerrar una calle aledaña a la estación del ferrocarril y una avenida sobre la que está ubicada la sede del Indi.
Según su presidente, Édgar Olmedo, el Indi “afronta los problemas día a día, lo que muchas veces le hace dejar de lado lo institucional”; en otras palabras, su modus operandi consiste en apagar pequeños incendios con limosnas que degradan aun más a los indígenas, improvisando medidas según la cara del cliente. Hace poco, la entidad a su cargo presentó su Plan Estratégico Institucional 2021-2025, que le daría un “golpe de timón” para orientar sus actuaciones en apoyo de las comunidades indígenas. Si el estatuto referido es letra muerta, bien puede suponerse que también lo vaya a ser este plan, quizás concebido solo para tapar tanta inoperancia y desidia.
En lo que va de mayo, se han registrado al menos dos actos reivindicativos que, felizmente, no han desembocado en hechos de violencia. En el primero, unos 500 indígenas, varios de los cuales acamparon con sus niños, en condiciones lamentables, coparon la zona de la estación del ferrocarril para reclamar al Indi y a la Secretaría de Emergencia Nacional víveres, colchones y carpas, entre otras cosas. Otro centenar de ellos, dirigidos por Tomás Domínguez, se instaló junto a la Ruta PY02 y exigió la compra de tierras para cien familias indígenas del departamento de Caaguazú, así como la construcción de viviendas y la ejecución de proyectos agrícolas. La satisfacción de las primeras demandas tendría un carácter temporal, en tanto que la de las segundas sería de largo alcance. Siendo limitados los recursos disponibles, hay que priorizar el hecho de que los indígenas puedan sustentarse en su propio hábitat, para que no se vean forzados a reclamar víveres ni a emigrar a los centros urbanos, solo para vegetar en las calles, contraer vicios, cometer delitos o exponerse a graves riesgos como el proxenetismo o la prostitución infanto-juvenil. Los burócratas del Indi están más preocupados por cobrar puntualmente sus sueldos y bonificaciones que por la situación calamitosa de los nativos.
No todo es cuestión de dinero. El Presupuesto actual del Indi es de 66.406 millones de guaraníes, de los que G. 12.105 millones corresponden a “productos alimenticios” y solo G. 13.317 millones a “adquisición de tierras”, lo que sugiere la importancia que tendría combatir el hambre. Lo importante no es regalar pescados, sino enseñar a pescar. El órgano en cuestión podría hacer mucho más en pro de los indígenas si sus fondos estuvieran mejor asignados y fueran ejecutados con eficiencia, por personas idóneas, comprometidas con la causa indígena.
Dada la penosa calidad de vida de los nativos, la pandemia podría causar estragos en quienes no acceden a los medios de comunicación ni a los centros sanitarios. Hasta hace un mes, la Dirección de Salud Indígena, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, registró 31 fallecidos y 307 contagiados, siendo presumible que las cifras sean más altas.
Los marginados aborígenes tienen derecho a la “igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura”. Para que sea efectivo, es imperioso que el Estado dignifique a los pueblos ancestrales confiando el diseño y la ejecución de las políticas públicas a personas probas, capaces y diligentes, que compartan con la población toda el compromiso moral de mejorar la suerte de las abandonadas comunidades indígenas. Se las humilla hasta el extremo de comprar sus votos en favor de quienes no tienen el menor interés en liberarlas de la miseria, de la enfermedad y de la ignorancia. Los paraguayos tenemos motivos para avergonzarnos del trato que les estamos dando, al permitir que el Estado se limite a un simple asistencialismo, que no soluciona los problemas de fondo y solo sirve para acentuar la dependencia de los aborígenes.
Habría que empezar erradicando la corrupción del Indi y de los clanes que se consideran sus caciques, solo para beneficio propio.