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Más de dos años después de que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) haya constatado que el “hermano del alma” Darío Messer lavó dinero con la complicidad de altos funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), el Estado resolvió sancionarse a sí mismo el último 4 de junio, aplicando una multa de 10.000 millones de guaraníes a esa entidad pública, al cabo de un sumario abierto por el Banco Central del Paraguay (BCP) el 29 de diciembre de 2020 (!), debido a presuntas “faltas administrativas”.
La resolución, que aún no está firme, se mantiene oculta con la excusa del “secreto bancario”, como si no se hubiera investigado la conducta de los responsables del BNF; es decir, de unos funcionarios que son “personalmente responsables” por las “transgresiones, delitos o faltas” que cometan en el ejercicio del cargo. Lo dice el art. 106 de la Constitución, pero el BCP parece creer que los de la banca pública pueden incurrir en faltas con toda impunidad, pues las consecuencias serían asumidas, en última instancia, por todos los habitantes de este país. Por si hacía falta, el art. 40 de la carta orgánica del banco dice que “los miembros del Directorio y los funcionarios del banco son personalmente responsables por la ejecución de las operaciones y los actos que están expresamente prohibidos por esta ley, los reglamentos del banco y la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”; se entiende que también lo serán por las acciones u omisiones contrarias a la ley que previene y reprime el lavado de dinero.
Por lo visto, el juez instructor no creyó que la falta imputada a los funcionarios sea también un delito, pues en tal caso tenía que haber suspendido el sumario, que estará entonces supeditado al proceso penal. Se corre así el riesgo de que el Ministerio Público, que sigue guardando un escandaloso silencio desde el 17 de mayo de 2019, día en que recibió las conclusiones de la CBI, se funde en las del sumario administrativo del BCP para resolver que los funcionarios del BNF no delinquieron, aunque hayan sido cómplices o partícipes necesarios en el lavado de dinero. Cuando fue interpelado por la Cámara Baja, el exjefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, invitó a quienes le hablaban de transparencia a dar explicaciones a los enviados del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), “porque al fin de la jornada, el dinero de Messer se encontró en el BNF”. Si fue a parar allí es porque el dueño sabía que iba a estar en manos seguras, sobre todo a partir de 2013, año en que asumió la presidencia del país su “hermano del alma”, Horacio Cartes, y si antes no hubo transparencia, tampoco la hay ahora pese a que la Convención de las Naciones Unidas obliga a que las autoridades que combaten el blanqueo de dinero sean “capaces de cooperar e intercambiar información”.
En efecto, ni siquiera Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), tuvo conocimiento directo de la resolución del BCP: como cualquier ciudadano, solo supo de su existencia a través de la prensa. Aunque por esa vía no haya podido enterarse de sus fundamentos, se permitió afirmar que constituye un elemento importante para la próxima evaluación del Gafilat. Conste que, en cierto sentido, podría tener razón desde ya, dado que para los examinadores será relevante, sin duda, que la Banca Central del Estado estime que ciertos funcionarios del BNF solo cometieron “faltas administrativas”, pese a los hallazgos hechos por su propia Superintendencia de Bancos, en mayo y junio de 2018. Entre otras cosas, la inspección detectó que Messer y sus empresas Chai y Matrix recibieron, entre 2013 y 2016, más de 56 millones de dólares de “paraísos fiscales” y de otros países, que transferían elevadas sumas por encima de los montos autorizados para clientes de alto riesgo y que se omitían pasos para detectar tanto el origen como el beneficiario final de los fondos.
Quienes cerraron los ojos ante el lavado de dinero son “personalmente responsables”: la responsabilidad no puede recaer sobre toda la población, afectando la capacidad del BNF de “promover el desarrollo de los sectores más vulnerables”, al decir de su carta orgánica. La trama montada conllevó la comisión de varios hechos punibles, que solo pudieron haber sido perpetrados con la colaboración de agentes del BNF, hasta hoy innominados para la ciudadanía. Habrían sido blanqueados por el BCP, porque una mano lava la otra, ante el notorio desinterés del ministro de la Seprelad. El Gafilat, que ha venido insistiendo en la necesidad de aplicar fuertes sanciones a los delincuentes de guante blanco, lo tendrá muy en cuenta, para mal del país. Entre tanto, el Ministerio Público sigue callado, no quiere tocar nada que se refiera al “hermano del alma”, en el marco de toda una vergonzosa confabulación para la impunidad, que vuelve a demostrar cuán arraigada está la corrupción: a sus actores les importa un bledo que el Paraguay siga destacándose por la podredumbre institucional, pues, al fin y al cabo, los platos rotos los paga el pueblo, como siempre.