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El Congreso brasileño aprobó un proyecto de ley para reducir, según se estima, del 60 al 45% la participación estatal en Eletrobras, mediante una oferta pública de acciones en la bolsa de São Paulo: la decisión supondría para el Estado, que podrá vetar las decisiones estratégicas de la mayor empresa energética latinoamericana, unos doce mil millones de dólares de ingresos. La importante medida remite a la deplorable situación de la ANDE, que presta un pésimo servicio y que sigue gozando de un monopolio inconstitucional, tanto que ya se habla de la necesidad de privatizarla o de abrir el sector eléctrico a la iniciativa de los particulares.
A este respecto, vale recordar que en junio de 2020, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, informó que un grupo de ingenieros había presentado un plan de apertura del mercado eléctrico al sector privado y que el Poder Ejecutivo lo apoyaría, como parte del paquete legislativo sobre la reforma estructural del Estado, no sin antes ponerlo a consideración de las comisiones asesoras del Congreso y de un equipo técnico de la empresa pública en cuestión.
La iniciativa mereció el inmediato repudio del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE), que emitió un falaz comunicado bajo el título “La energía eléctrica es de todos los paraguayos”, criticando “la intención del Gobierno nacional en contubernio de un grupo de empresarios de buscar la privatización del activo más importante del país, la energía eléctrica”. Los privilegiados sindicalistas empezaron con la mentira demagógica de que el fluido eléctrico pertenece al pueblo, siendo que, de hecho, está en manos de ellos mismos y de los jerarcas corruptos que, a costa de “todos los paraguayos”, les consienten unos muy generosos contratos colectivos de trabajo. Luego, por ignorancia supina o imperdonable mala fe, confunden la desmonopolización propuesta con la –para ellos– repudiable privatización, esa bestia negra de los populistas de toda laya.
La Unión de Ingenieros de la ANDE creyó necesario intervenir días después en términos similares, rechazando “el oportunismo político de ciertos grupos empresariales que pretenden aprovechar las iniciativas de reforma del Estado como pretexto para liquidar los activos más rentables del Estado, el negocio eléctrico”. Los alarmados profesionales afirmaron que la iniciativa implicaría el inicio de la paulatina privatización del sector eléctrico y exigieron a las autoridades de la empresa estatal, que tan bien los atiende, “la defensa clara y firme de estos postulados en las instancias que correspondan”. Aunque en noviembre del año pasado, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, se haya limitado a decir que iba a analizar la factibilidad de la desmonopolización, es muy probable que la exigencia de los ingenieros haya sido satisfecha, pues no se ha vuelto a hablar del tema, ni en el ámbito del Poder Ejecutivo ni en el del Legislativo.
El anteproyecto duerme el sueño de los justos en alguna gaveta del Congreso, sin que a ningún legislador se le haya ocurrido despertarlo, aunque más no sea para discutirlo en una audiencia pública. Uno de sus autores, el Ing. Javier Villate, enfatizó que la iniciativa no busca vender los activos de la ANDE a algún grupo de empresarios nacionales o extranjeros, sino “desmonopolizar el mercado eléctrico, introducir la competencia, con la ANDE en el juego”. Además, crearía un órgano regulador independiente que sancione a la distribuidora o generadora de electricidad que preste un mal servicio, algo que, por cierto, resulta hoy imposible: el lamentable servicio de la empresa pública, cuyas continuas interrupciones pueden provocar ingentes daños materiales, queda siempre impune y, para peor, los usuarios reciben facturas arbitrarias.
Los consumidores de la distribuidora Compañía de Luz y Fuerza SA (CLYFSA), concesionaria de la Municipalidad de Villarrica con base en la Ley Nº 287/55, no la pasan tan mal, para envidia de la generalidad de los habitantes del país. Esto significa que es bien posible atender mejor a la gente, algo que la competencia en el mercado permitiría revelar con mayor claridad y amplitud. Tenemos el ejemplo del sector de las telecomunicaciones, que se ha abierto a la competencia y donde han surgido varias empresas que compiten por ofrecer más y mejores servicios. La estatal Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones (COPACO) no ha sido privatizada, sino que es una más en el mercado. Esto demuestra que, si bien el espectro radioeléctrico es también “de todos los paraguayos”, no por ello impide que empresas privadas de telefonía móvil se disputen el mercado con una estatal.
Es vergonzoso, en fin, que el mayor exportador mundial de energía eléctrica siga soportando los gravísimos daños provocados por un monopolio ineficiente y corrupto, mientras los poderes políticos guardan un total silencio con respecto a una iniciativa muy laudable. Que al menos la sometan al debate público, para que los consumidores sepan en verdad de qué se trata y no sean embaucados por los beneficiarios del actual sistema, violatorio del art. 107 de la Constitución, que prohíbe la creación de monopolios, sean ellos públicos o privados. No hay razón para continuar soportando el de una empresa estatal clientelista, incompetente y politizada.