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Finalmente, tras haberse tomado bastante tiempo, el Ministerio Público imputó al gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González (ANR), a varios funcionarios y a los responsables del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) por los delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, que habrían sido cometidos en la administración de los fondos de emergencia para la lucha contra la pandemia. Los desmanejos del exanimador de fiestas, que se resumen en la falta de documentos respaldatorios válidos por valor de 6.382 millones de guaraníes, ya habían sido penalmente denunciados el 8 de julio por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
En la ocasión, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, dio como ejemplo que había “sustanciales” variaciones entre los documentos entregados por el CIAP a la Contraloría General de la República y a la SET, en tanto que el ministro de la Senac, René Fernández, reveló que la Gobernación había reemplazado facturas para justificar el uso de los fondos. Como el “Nº 2″ pretende lavarse las manos y que toda la culpa caiga sobre el CIAP, el ministro –exagente fiscal– sostuvo que la ley permite delegar la ejecución de los fondos, “pero ello no significa que un administrador público esté eximido de la supervisión (...), de la aprobación de los proyectos, del seguimiento y, finalmente, de la ejecución ante las autoridades superiores de control”. El mismo 8 de julio, afirmó que el Ministerio Público debía ejercer la acción penal de inmediato, algo que no llegó a ocurrir.
El agente fiscal Rodrigo Estigarribia allanó la sede de la Gobernación recién el 27 de julio, luego de haberse hecho lo mismo en los locales del CIAP y de ciertos estudios contables. No pidió la prisión preventiva de los procesados, pese a todas las evidencias, sino solo que se les prohíba ingresar en la Gobernación, como si ya no hubieran tenido tiempo suficiente para borrar huellas. Claro que el hecho de que Hugo Javier no pueda asistir a su lugar de trabajo, lo obligaría a pedir permiso, dada la imposibilidad de ejercer el cargo por teléfono o mediante el correo electrónico: la ley orgánica del Gobierno departamental no prevé el “teletrabajo”. La decisión con respecto a él será tomada por el juez de garantías José Agustín Delmás el 10 de noviembre, tras la audiencia de imposición de medidas: el hecho de que no se haya pedido la prisión preventiva, no impide que el juez la disponga.
La lentitud exhibida por el Ministerio Público en el indignante caso referido parece repetirse en el de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), el intendente electo de Asunción que, en el ejercicio al cargo, habría pagado sobreprecios por productos destinados a combatir la pandemia, adquiridos mediante contrataciones directas ilícitas. Fue denunciado penalmente el 7 de octubre y esta es la ahora en que solo se sabe que el día después fueron designados los agentes fiscales Jorge Arce y Juan Manuel Ledesma, gracias a que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tuvo a bien darlo a conocer el 24 de octubre. A estas alturas, sería intolerable que, si esta demora informativa respondió a la conveniencia político-partidaria de no afectar candidatura de Nenecho, el actual silencio apunte a no entorpecer su asunción al cargo, el 9 de noviembre. Los asuncenos tendrán que soportar ser gobernados por alguien sobre quien pesan serias sospechas de corrupción.
Es cierto que la Contraloría General de la República aún no ha emitido un dictamen con relación a los documentos solicitados a la Municipalidad, ya que esta solicitó una prórroga de veinte días al vencer el plazo inicial el 15 de octubre, habiendo entregado solo dos biblioratos. Pero tal dictamen no es imprescindible para que, por su lado, el Ministerio Público tome iniciativas conducentes a impedir mayores dilaciones, ya que un intendente debe tener la autoridad moral que también se requiere para ocupar el puesto. Solo así los asuncenos podrán confiar en que su dinero será bien invertido en obras y servicios públicos, en vez de servir para el enriquecimiento ilícito.
Es lamentable que exista una imputación sobre el gobernador del departamento más poblado y que también el intendente de la capital del país deba ser imputado antes o después de asumir el cargo, pero es obvio que las leyes penales deben ser aplicadas a toda costa y con la premura necesaria para que las acciones penales no prescriban. Sería un trago amargo para la ciudadanía decente que Nenecho ejerza la Intendencia, pero peor sería que su “carpeta fiscal” duerma el sueño de los justos y que nunca llegue siquiera ser llamado por la Fiscalía a dar explicaciones, acaso ya para que esta diligencia no influya en las elecciones generales de 2023. El Ministerio Público y la Justicia continúan danzando al son de la música de los que mandan.