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En la antesala de una probable nueva ola de coronavirus en el Paraguay, quienes parece que no se cansan de hacer vito con los escasos fondos públicos son los del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Cuando ya parecía que los escándalos de Julio Mazzoleni con los insumos chinos iban a dejar alguna lección, la administración de Julio Borba hizo una operación desembozada para favorecer al clan Ferreira, el mismísimo que estafó anteriormente a la ciudadanía a través de la administración de su antecesor: el caso de los famosos insumos chinos.
El conglomerado de empresas de Justo Ferreira fue privilegiado –y se hizo rico, además de penosa y tristemente famoso– durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez. Saltó a la fama por sus provisiones fallidas de insumos médicos mientras todo el país se encerraba, subía el miedo, bajaba la economía y se forraban unos pocos. Se hizo conocido también por la millonaria multa de G. 5.000 millones que le aplicó Aduanas por contrabando, por otra millonaria multa de G. 2.180 millones por subvaloración de flete aéreo de las inservibles camas hospitalarias, y por las tardías sanciones recibidas de Contrataciones Públicas. También saltó a la fama por estar incluido en el informe lapidario de la Contraloría General de la República y por la suspensión temporal que le aplicó la mismísima Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud (Dinavisa). Por si todo esto fuera poco, los integrantes del clan también enfrentarán juicio oral y público en abril y mayo del año que viene por el mencionado cargamento de inservibles insumos médicos y camas hospitalarias.
Así las cosas, el Ministerio a cargo de Julio Borba nuevamente realizó un atropello para beneficiar al citado grupo empresarial. El reciente y veloz pago realizado a los Ferreira por casi G. 5.000 millones no solamente es llamativo: es además sospechoso, turbio y con argumentos contradictorios entre todos los que intentaron explicar la operación.
Uno, el ministro Borba y su anillo financiero se apuraron tanto por pagar que usaron un domingo para autorizar pagos a Insumos Médicos SA (Imedic) de Justo Ferreira, mientras otros proveedores y sanatorios siguen esperando. Ese día ingresaron al Ministerio seis solicitudes de transferencia para pagar a la empresa y también ese mismo día fueron aprobadas todas ellas.
Dos, si el día feriado ya es llamativo por mucho que Borba insista en que trabajan también los domingos; más sospechoso aun es que utilizaron fondos propios que les permitieron abonar las facturas con mucho más rapidez que usando otras fuentes del Tesoro, mucho más burocráticas y que dependen del Ministerio de Hacienda.
Tres, las versiones sobre la operación han sido todas contradictorias desde que nuestro diario contactó al ministro Borba y a su directora general de administración, Rita Villalba. Insistieron en que el pago era por una orden judicial, y cuando se les pidió que exhibieran la misma, no estuvieron en condiciones de mostrarla inmediatamente.
Cuatro, aseguraron que los pagos se depositaron en cuentas judiciales. Sin embargo, una revisión de los documentos realizados por nuestro diario prueba que el dinero fue a parar a una cuenta a nombre de las firmas del clan Ferreira. Pero, además, ellos mismos se encargaron de hilar más fino: depositaron, según dijeron, en cuentas del Banco Nacional de Fomento. La realidad es que se depositó en cuentas bancarias de GNB.
Cinco, y ya rayando lo insólito, para justificar el pago mostraron una sentencia firmada por un juez por valor de 1.700 millones de guaraníes, en la que no se hacía referencia alguna a Salud Pública (era un pleito entre empresas privadas, Guayaki SA contra Imedic de Justo Ferreira).
Seis, la guinda en la torta: si el pleito judicial era por 1.700 millones de guaraníes, ¿por qué pagaron casi 5.000 millones de guaraníes?
Todo indica que estamos a las puertas de una nueva turbulencia sanitaria con el covid, el trago amargo que ya fuimos obligados a engullir: enfermos por doquier, ausencia de suficientes camas de terapia intensiva, escasez de oxígeno y de anestésicos, falta de insumos de protección para personal de salud. La película de terror tiene sabor conocido, y caminando vamos hacia ella con una campaña de vacunación que ha sido paupérrima, con mala comunicación, sin difusión adecuada por parte del superministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Se han dado órdenes contradictorias en un mismo día o en días distintos, se han llenado de obstáculos para filtrar las personas a ser vacunadas y, definitivamente, las vacunas siguen llegando a cuentagotas. Si no hubiera sido por las donaciones millonarias –sobre todo la estadounidense– Paraguay hubiera seguido sembrando muertos por covid.
En este escenario, las únicas deudas que no están saldando el Gobierno de Mario Abdo Benítez y la administración de Julio Borba son con la ciudadanía. Se están privilegiando pagos a los proveedores de siempre a costa de recortes lapidarios. En medio de la desolación, la enfermedad, la muerte, la pérdida de fuentes de trabajo, la ciudadanía no ha dejado de pagar tributos y algunas autoridades no han dejado de rapiñar.
Es inadmisible que a esta altura Salud Pública no haya salido a decir nada sobre este nuevo escándalo, lo que compromete aún más a Julio Borba. Si él no fue responsable y desconocía la operación, está obligado a separar del cargo y denunciar a quienes tomaron la decisión de pegarle una dentellada a los escasos fondos del sector salud sin su autorización.
Su habitual parquedad para hablar esta vuelta no solo es inapropiada: es una bofetada. “Creo que hubo un mal entendido o no sé cómo decir, pero mejor me ahorro el vocabulario”, dijo en el Palacio de López.
No, señor Ministro. No debe ahorrarse ningún vocabulario si no quiere que la ciudadanía sospeche que tiene un ministro de Salud cómplice y encubridor de este nuevo escándalo financiero en las puertas de otra sacudida del covid-19.