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En su sesión inaugural del 30 de noviembre, la comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de dictaminar sobre el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, se limitó a elegir a sus autoridades, es decir, ni siquiera fijó el cronograma de sus investigaciones. Conste que la solicitud de la Junta Departamental fue presentada al Ministerio del Interior el 12 de noviembre y que, según la Ley N° 317/94, los antecedentes debían haber sido enviados a la Cámara dentro del plazo de seis días hábiles, previo análisis técnico: tuvo el sello de mesa de entrada recién el 22 de noviembre, de modo que el plazo establecido fue olímpicamente ignorado. Esto ya tenía un tufillo a “pokarê”, de protección política al impresentable gobernador Hugo Javier González (ANR, cartista), más conocido como el “número dos”.
Habrá que ver ahora si la comisión especial se expide dentro del plazo legal de quince días hábiles, que empezó a correr el día siguiente, cuando la Cámara nombró a sus trece miembros, aunque estos crean que el cómputo debe iniciarse recién desde el día de su instalación oficial, según los antecedentes: si es así, el plazo vencería el 21 de diciembre, precisamente el día en que empieza el receso parlamentario, que se extiende hasta el 1 de marzo. Como se ve, más acomodos en favor del presentador de fiestas devenido político en tan mala hora.
Si hubiera buena fe, la comisión especial debería más bien apresurarse para que antes de las vacaciones parlamentarias la Cámara resuelva sobre la intervención; si fuera menester, esta debería prorrogar sus sesiones o convocar a una extraordinaria para tratar el tema; en último caso, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de decretar una sesión de tal carácter. Pero esto es pedir peras al olmo, ya que el recinto parlamentario alberga –con algunas excepciones visibles, hay que aclararlo– a una claque confabulada para proteger a quienes aparecen salpicados por hechos de corrupción y hasta de aparente entrega de soberanía. Allí no hay distinción de ideologías, porque la premisa reinante es: hoy por ti, mañana por mí. Esto es lamentable, porque lo ineludible es que la comisión especial dictamine dentro del plazo establecido, ya que ni la Constitución ni la ley prevén la prórroga de sus sesiones ni la convocatoria a una extraordinaria durante el receso.
Claro que es perfectamente posible que se pronuncie a tiempo, dado que son abrumadoras las pruebas ya aportadas por la Subsecretaría de Tributación (SET), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Contraloría General de la República, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, en las que se fundó la imputación fiscal contra el lamentable gobernador por los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en torno al uso de 6.382 millones de guaraníes del fondo de emergencia sanitaria, entregados por el Poder Ejecutivo. Mucho le costará desvirtuarlas al abogado del “número dos”, el senador suplente Bernardo Villalba (ANR), el mismo personaje que en 2014 fue vinculado al narcotráfico por una comisión senatorial, cuyo vocero fue el actual ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Es muy probable que intente dilatar las actuaciones, confiando en que el receso parlamentario calme las aguas, es decir, que las tratativas en el marco de la “concordia colorada” lleguen a buen puerto y el asunto quede enterrado bajo un montón de otros escándalos políticos y económicos que se suceden cada día.
Tres de los siete miembros colorados de la comisión especial –su presidente Ángel Paniagua, Esteban Samaniego y Édgar Espínola– son considerados abdistas, así que de ellos dependerá en gran medida que las deliberaciones concluyan a tiempo y conforme a derecho. Vale subrayarlo porque hasta hoy no han dado muestras de entusiasmo al respecto, pese a que la actuación fiscal fue generada por denuncias del viceministro de Tributación, Óscar Orué, y por el ministro de la Senac, René Fernández, que depende directamente de la Presidencia de la República; a ellos se suma el ministro Luis Cardozo, auditor general del Poder Ejecutivo, que también contribuyó a evidenciar los intolerables manejos de Hugo Javier. Pero como todo puede ocurrir en el marco de las componendas políticas, donde la coherencia es un concepto desconocido, no debería sorprender que este escándalo sea sofocado por un nuevo “abrazo republicano”. Habrá que prestar mucha atención al desempeño de los trece diputados primero y al de la Cámara después, para que la Gobernación sea saneada cuanto antes, sin olvidar al Ministerio Público ni a la Justicia: el robo nunca debe quedar impune, mucho menos cuando implica atentar contra la salud pública.
Resultaría escandaloso que en sede parlamentaria se desestimen las contundentes piezas probatorias de conocimiento público y que, por tanto, siga ejerciendo el cargo alguien que, según solicitó la Fiscalía, no debería pisar la sede de la Gobernación, pero sí soportar una inhibición general de enajenar y gravar bienes inmuebles, “para garantizar la reparación del daño e impedir que los hechos punibles que se investigan surtan consecuencias perjudiciales en el patrimonio del Estado”, al decir del agente fiscal Rodrigo Estigarribia.
Existiendo el pedido de que Hugo Javier no pueda ingresar en su lugar de trabajo, hay una razón adicional para que lo haga un interventor designado por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara.